Aunque en los últimos años se han concretado detenciones, procesos judiciales y sentencias por hechos de corrupción en el Registro Civil, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción mantiene abiertas varias carpetas de investigación relacionadas con la alteración de documentos oficiales.
De acuerdo con su titular, Noel Díaz Rodríguez, las indagatorias no sólo apuntan a exservidores públicos de la institución, sino también a personas particulares que habrían recurrido a medios externos, como equipos de cómputo en papelerías o propios, para manipular actas de nacimiento, matrimonio e incluso defunción.
El funcionario recordó que las primeras denuncias fueron presentadas hace casi tres años y que, tras las investigaciones, más de 30 personas fueron llevadas ante los tribunales, entre ellas trabajadores del Registro Civil y civiles que comercializaban documentos a través de sistemas electrónicos irregulares.
Además de las sanciones legales, la investigación permitió recuperar ingresos que antes no se registraban en las finanzas oficiales del organismo. Según la Fiscalía, los recursos económicos prácticamente se duplicaron al pasar de 37 millones de pesos en 2022 a 79 millones en 2023, lo que evidenció el impacto que tuvo la desarticulación de esta red en las arcas del Registro Civil.
