Con la divulgación de los “lineamientos para proteger los derechos de las audiencias” el gobierno de México pretende convertirse en supervisor del contenido que publican los medios de comunicación, obligándolos a señalar cuales son noticias y cuáles opiniones, imponiéndoles, además, designar defensores de las audiencias y publicar códigos de ética.
El gobierno federal carece de calidad moral y política para pretender convertirse en el dueño de la verdad, censurando el contenido noticioso de los medios y convertirse en el arbitro de la veracidad. El gobierno actual ha actuado con absoluta opacidad violentando el derecho a la transparencia al usar de forma indiscriminada la “información reservada” de las obras realizadas en los últimos siete años con recursos públicos provenientes de los impuestos que pagan los contribuyentes mexicanos, también reserva información hasta por 5 años de investigaciones y procesos judiciales que involucran a funcionarios y gobernantes militantes de morena, con el absurdo argumento de cuidar la “seguridad nacional”, esperando más bien que prescriban los posibles delitos cometidos.
Este gobierno que se niega a informar, a transparentar el uso de recursos públicos y expedientes judiciales no tiene legitimidad social para imponer lineamientos que exigen a los medios de comunicación -prensa, radio, televisión y plataformas digitales- definir ante la audiencia lo que es verdadero y lo que es falso. La audiencia tiene la capacidad para intuir cuando un medio dice la verdad y cuando externa mentiras, castigando o premiando con su preferencia.
Los mexicanos no podemos permitir que se nos siga tratando como menores de edad por un gobierno que se asume dueño de la verdad, que ignora a los demás sectores sociales y políticos que disienten de su proyecto, negando el derecho a la pluralidad. En el congreso de la unión los grupos parlamentarios de morena y en las conferencias de prensa diaria de palacio nacional se actúa como si en la sociedad mexicana no hubiera diversidad de ideas, opiniones plurales que deben ser respetadas y consideradas, tal como este definido en la constitución.
En los sistemas democráticos el titular del derecho a la información es el ciudadano, no los gobernantes, de ahí que el gobierno de México parte de una distorsión al pretender -con los lineamientos planteados- ampliar su poder sobre los contenidos informativos.
Los integrantes de la Academia Mexicana de comunicación ante la situación prevaleciente han hecho un llamado a la defensa periodística en el que piden proteger el periodismo profesional y evitar la autocensura generada por reglas confusas; proponen definir con claridad la información falsa y asegurar que las quejas no retiren contenidos de forma anticipada como lo pretende el gobierno.
Son varios los pasos que el gobierno ha dado para desmantelar la estructura institucional democrática del país construida durante décadas, ahora el paso que quiere dar es uno más en el trayecto populista, toda vez que controlar el contenido informativo es una característica de regímenes totalitarios.
Es momento de detener este intento regresivo de un gobierno que no tiene como propósito cuidar el interés general, sino intensificar el control político de una facción. La participación ciudadana libre, informada y democrática es la única capaz de detener los intentos retrógrados de quienes ponen por encima de todo sus intereses cortoplacistas.
