Layda vs. Alito: la expropiación como ring político en Campeche.
Por: Alejandro Flores de la Parra.
En Campeche, la política dejó de ser un asunto de discursos en el Congreso y conferencias de prensa para convertirse en una función de box en horario estelar. En una esquina del cuadrilátero: Layda Sansores, gobernadora morenista, heredera de un linaje político tan veterano como sus propios desplantes. En la otra: Alejandro “Alito” Moreno, dirigente nacional del PRI, exgobernador campechano, senador blindado con fuero, pero con más acusaciones que rounds ganados. Y como escenario del combate, nada menos que los terrenos de la familia de Alito, que ahora pasarán a manos del gobierno estatal con el sello de “utilidad pública”.
Lo que comenzó como una reforma legal de trámite terminó siendo un espectáculo político digno de la “Arena México”. Hace un mes, el Congreso local aprobó, con mayoría morenista y el apoyo del Verde y el PT, la nueva Ley de Expropiaciones. En los pasillos del Congreso ya se le conocía como la “Ley Alito”, porque —según advirtió el diputado Carlos Ucán— esa normativa serviría para meterle mano a los predios que el priista adquirió a precio de ganga en sus años de poder. La votación fue ajustada: 18 a favor, 13 en contra. Pero en política, como en el box, no importa la diferencia en las tarjetas, sino quién se queda en pie. Y Alito, al menos en este asalto, salió tambaleando.
La expropiación como mensaje político.
El lunes pasado, el Gobierno de Sansores hizo oficial la declaratoria de utilidad pública de cuatro predios, en total unas siete hectáreas. Tres de ellos ligados a Alito: uno a nombre de su madre, Yolanda Mercedes Cárdenas, y dos más a nombre de su arquitecto de confianza, Juan José Salazar. La narrativa es clara: el exgobernador utilizó prestanombres para esconder terrenos adquiridos con dinero de dudoso origen. La presidenta Claudia Sheinbaum no perdió la oportunidad de reforzar el golpe desde su conferencia mañanera: “Lo que entiendo es que son propiedades adquiridas con lavado de dinero de la corrupción y que por eso viene este esquema”. Dicho de otra forma, Alito no solo está en la lona estatal, sino que ahora carga también con el peso de la Presidencia.
La medida no admite recurso administrativo, solo un amparo. Y Layda lo sabe. Por eso, más que un acto jurídico, la expropiación se ha convertido en un acto performático. No bastó con el decreto: Sansores llevó la noticia a su show favorito, el “Martes del Jaguar”, donde celebró con el desparpajo de quien reparte trofeos políticos. “Si ya todo es de Alito, pues ni modo”, ironizó, para después regodearse en la idea de que lo que antes era un terreno de “amenidades” del priista ahora servirá para una universidad. El sarcasmo se sirvió en bandeja: la gobernadora agradeció indirectamente al exgobernador por dejarle “el trabajo adelantado”.
El contraataque de Alito: “Así empezó Venezuela”.
Como buen gladiador político, Alito no se quedó callado. Negó que los terrenos sean suyos y acusó al gobierno de persecución política. En entrevista con Azucena Uresti, apeló al libreto clásico del opositor en desgracia: “Así empezó Venezuela”. La frase, más repetida que un gol de Hugo Sánchez en video de archivo, refleja la estrategia priista de convertir cualquier sanción en un supuesto paso hacia la dictadura.
Lo paradójico es que Alito, quien construyó su carrera bajo la sombra del viejo PRI patrimonialista, ahora se presente como defensor de la democracia y mártir de la persecución. El mismo personaje que acumuló propiedades valuadas en cientos de millones y que hoy enfrenta dos procesos judiciales en Campeche: uno por enriquecimiento ilícito y otro por desvío de 83,5 millones de pesos durante su gestión como gobernador. Claro, todo esto bajo el paraguas del fuero constitucional, que lo mantiene a salvo… por ahora.
Más que terrenos: un pleito con proyección nacional.
Lo que vemos en Campeche no es una simple disputa por terrenos. Es una batalla política con resonancia nacional. Layda Sansores, conocida por su estilo incendiario y su programa de televisión más cercano al talk show que a la política institucional, ha convertido a Alito en el enemigo público número uno. Y el golpe no es menor: al apropiarse simbólicamente de los bienes de su rival, no solo lo arrincona en su estado natal, sino que además envía un mensaje al resto del país: Morena está dispuesto a exhibir, expropiar y ridiculizar a sus adversarios.
Sheinbaum, por su parte, se sube al ring con la elegancia de quien deja que otros lancen los primeros puñetazos, pero remata con un derechazo discursivo: la propuesta de eliminar el fuero constitucional. Una jugada que, en caso de concretarse, podría dejar a Alito expuesto judicialmente y, de paso, darle a la presidenta una bandera anticorrupción de cara a la opinión pública.
Ironías de la política mexicana.
El episodio está cargado de ironías difíciles de pasar por alto. Que una universidad de salud lleve el nombre de Rosario Castellanos, escritora crítica del poder, y se construya sobre los terrenos de un político acusado de corrupción, suena a guion de realismo mágico. Que el PRI, partido experto en expropiar para sus propios fines durante décadas, acuse hoy de persecución política, raya en la tragicomedia. Y que Layda Sansores, con su estilo irreverente y televisivo, se convierta en la justiciera que “recupera” terrenos para el pueblo, recuerda más a un sketch político que a una medida de gobierno.
En todo caso, el resultado inmediato es claro: Sansores ganó un round mediático y político, Alito quedó en la defensiva y la narrativa oficialista encontró otro ejemplo para alimentar la bandera anticorrupción. Pero como todo combate en la arena política mexicana, este está lejos de terminar. Falta ver si el fuero de Alito se mantiene en pie o si, como en un buen knock-out, la campana no alcanza a salvarlo.
En esta esquina…
Campeche se ha convertido en el laboratorio de un estilo de política donde la ley se mezcla con el espectáculo, y donde las disputas personales terminan convertidas en política de Estado. Layda Sansores y Alejandro Moreno no solo protagonizan una rivalidad local, sino un capítulo más de la eterna lucha entre el viejo PRI y el nuevo Morena.
La diferencia es que ahora, los terrenos no son solo propiedades: son escenarios de batalla. Y en la esquina del ring, mientras Layda reparte zarpazos y Alito busca un salvavidas judicial, el público mexicano asiste, entre risas e incredulidad, a un espectáculo que confirma que en la política mexicana todo puede ser expropiado… hasta la paciencia de los ciudadanos.
