Revocación, reelección y revuelo: la jugada de Sheinbaum para el 2027.
Por: Alejandro Flores de la Parra.
La Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados volvió a ser noticia, y no precisamente por su vocación republicana. Presidida por el morenista Leonel Godoy Rangel —quien parece más un jefe de campaña que un árbitro constitucional—, esta comisión, con mayoría oficialista (32 integrantes de Morena frente a 10 de oposición), puso sobre la mesa un dictamen que podría cambiar de forma significativa el tablero político rumbo a 2027: reformar el artículo 35 constitucional para empatar la revocación de mandato con las elecciones intermedias.
A simple vista, el movimiento suena “técnico”, casi aburrido. Pero detrás de ese lenguaje jurídico se esconde una jugada electoral con olor a spot presidencial. Como bien acusó el coordinador del PRI, Rubén Moreira, “el objetivo es adelantar la revocación y empatarla con la elección de diputadas y diputados federales”. Traducido: Claudia Sheinbaum podría hacer campaña en 2027 bajo el disfraz de una consulta ciudadana, pero con el permiso constitucional para recorrer el país, aparecer en la boleta y, de paso, arrastrar votos para los candidatos de Morena a diputados, gobernadores y hasta jueces.
“Es contra la democracia mexicana”, dijo Moreira, y esta vez cuesta trabajo contradecirlo.
El juego detrás del telón.
Si uno revisa las cifras fríamente, la preocupación de Palacio Nacional tiene sentido: en las elecciones intermedias de 2021, Morena perdió 55 curules y con ellas la mayoría calificada en la Cámara de Diputados. Hoy, aunque conserva el control gracias a sus aliados del PT y PVEM, las encuestas de la propia Secretaría de Gobernación y del INE muestran que la confianza ciudadana en el gobierno federal ha caído casi 12 puntos desde 2022.
Además, los informes de la Secretaría de Hacienda proyectan un escenario económico poco favorable para 2026-2027: menor crecimiento (entre 1.8% y 2.3%) y presiones fiscales derivadas del gasto en programas sociales y en Pemex. Traducido a lenguaje político: menos dinero para repartir, más votantes inconformes y una presidenta con menos margen de maniobra.
En ese contexto, la idea de juntar la revocación de mandato con la elección intermedia se vuelve tentadora: permitiría a Sheinbaum capitalizar el aparato electoral del Estado y usar la bandera de la “ratificación popular” para legitimar su gestión y, de paso, apuntalar a sus candidatos. Un dos por uno político con descuento constitucional incluido.
Monreal dice que no hay “plan con maña”… pero el calendario no miente.
Como era de esperarse, Ricardo Monreal, coordinador de los senadores morenistas, salió al rescate con su ya clásico tono de calma institucional: “no hay plan con maña”, aseguró, explicando que la intención es simplemente “armonizar los procesos” para evitar duplicidades electorales.
El problema es que la Constitución actual prohíbe expresamente que la revocación coincida con jornadas electorales, federales o locales. El artículo 35 establece que este ejercicio debe celebrarse “el domingo siguiente a los 90 días posteriores a la convocatoria, en fecha no coincidente con las jornadas electorales”.
Modificarlo implicaría abrir la puerta para que la presidenta esté en campaña durante la elección, algo que ni López Obrador se atrevió a hacer en su momento. El argumento técnico de Monreal —“optimizar recursos”— suena tan ingenuo como decir que se van a fusionar las elecciones para ahorrar papel y tinta, cuando en realidad se busca ahorrar votos perdidos.
El cálculo del 2027: Sheinbaum y su mayoría en riesgo.
Los números explican la prisa. Según datos de la consultora Integralia y del INE, en 2027 se renovarán 500 diputaciones federales, 17 gubernaturas y más de 1,200 cargos locales, incluyendo congresos estatales y ayuntamientos. Si Morena pierde la mayoría calificada en San Lázaro, Sheinbaum quedaría políticamente amarrada, incapaz de reformar la Constitución o mantener viva la agenda de las “reformas pendientes” de la 4T.
Y esa posibilidad no es lejana. En los comicios de 2024, Morena y sus aliados alcanzaron 372 diputados, apenas 8 por encima del umbral de mayoría calificada. Bastaría una caída del 3% en el voto nacional para perderla.
Así que, más que una reforma constitucional, lo que se discute es una estrategia de supervivencia política. Si Sheinbaum logra empatar la revocación con la elección, tendría derecho a hacer campaña abierta, a presentarse como víctima de la oposición y a movilizar a millones de simpatizantes bajo la consigna de “ratificar a la presidenta”. ¿Quién necesita spots si puede tener un proceso nacional de revocación como propaganda?
Revocar o reelegir: la ironía de la democracia.
La ironía es evidente: el mecanismo de revocación de mandato, diseñado originalmente para permitir al pueblo “quitar al gobernante que no cumpla”, se convertiría ahora en un instrumento para ratificar al poder y reforzar su control electoral.
Es el viejo arte mexicano de convertir los contrapesos en extensiones del poder. Si antes el INE fue acusado de “conservador” por querer fiscalizar campañas, ahora la revocación se reinterpreta como “reafirmación ciudadana”, pero con Sheinbaum en el centro de la boleta.
En otras palabras, la consulta que debería servir para evaluar al Ejecutivo terminaría sirviendo como una campaña presidencial intermedia. La revocación deja de ser revocación y se vuelve ratificación. Y la ratificación, campaña. Todo dentro de la legalidad reformada, por supuesto.
Unos días de Monreal, una eternidad de cálculo.
Ante la presión de la oposición —que por fin pareció despertar—, Monreal optó por aplazar la discusión “unos días”, eufemismo parlamentario para ganar tiempo y cabildear. PAN y PRI han advertido que votarán en contra, pero el bloque oficialista tiene los votos suficientes para sacar adelante el dictamen en comisiones.
El fondo es más profundo que una fecha electoral: es la normalización del uso político de los mecanismos de democracia directa. Si en 2022 el ejercicio de revocación costó más de 1,500 millones de pesos para una participación del 17%, ¿qué sentido tiene repetirlo en medio de una elección federal, salvo el de usarlo como pretexto para movilizar al voto guinda?
La campaña que no se llama campaña.
A la luz de los acontecimientos recientes —como el asesinato del dirigente Carlos Manzo y el repunte de la violencia política en varias regiones—, el discurso de estabilidad y legitimidad presidencial luce cada vez más desgastado. Empatar la revocación con la elección intermedia sería un golpe de oxígeno político para Sheinbaum, que podría recorrer el país con la bandera de “no me revoquen” mientras sus candidatos se cuelgan de su figura.
Y aunque el argumento oficialista sea “evitar el gasto”, lo cierto es que nadie confunde una consulta con austeridad cuando hay propaganda de por medio. Morena no busca ahorrar dinero, busca no perder poder. Y eso, en política mexicana, suele salir más caro que cualquier presupuesto electoral.
La maña del no-plan.
Ricardo Monreal insiste en que “no hay plan con maña”. Pero si no hay maña, ¿por qué el cambio? Si la Constitución prohíbe mezclar procesos y la reforma busca precisamente mezclarlos, ¿no es eso, por definición, una maniobra?
Lo cierto es que esta reforma al artículo 35 no es un asunto técnico ni administrativo. Es una maniobra preventiva, una vacuna política contra la pérdida de poder legislativo en 2027.
Morena sabe que gobernar con mayoría simple es gobernar con límites. Y, si algo ha demostrado la 4T, es que no le gustan los límites.
Así que, mientras Monreal habla de armonización y Godoy jura que todo es por “eficiencia democrática”, el país presencia, una vez más, el arte de disfrazar la conveniencia como patriotismo.
Y cuando la presidenta aparezca en la boleta de 2027 pidiendo que “no la revoquen”, quizá muchos votantes se pregunten —entre la risa y la resignación— si no sería más honesto cambiarle el nombre al proceso: ratificación de mandato, versión tropicalizada.
