Revocación, juventud y desgaste: el espejo que Sheinbaum quiso y no quiso mirar.
Por: Alejandro Flores de la Parra.
La marcha de la Generación Z volvió a poner sobre la mesa un mecanismo que parecía dormido: la revocación de mandato. Entre pancartas, consignas y videos virales, jóvenes que no vivieron el obradorismo desde sus cimientos exigieron a la presidenta someterse al mecanismo que López Obrador elevó a rango constitucional. Claudia Sheinbaum respondió desde Palacio Nacional con serenidad ensayada: “claro que me voy a sujetar a la revocación de mandato porque eso dice la Constitución”. La frase sonó firme, pero detrás de su simpleza encierra una compleja disyuntiva política: la presidenta acepta un instrumento que su propio movimiento creó, pero lo hace en un momento en el que la legitimidad juvenil —esa que no se compra con programas sociales ni mañaneras— comienza a erosionarse.
Por si fuera poco, reforzó su postura con una línea que buscaba blindarla moralmente: “nunca vamos a ser una carga para el pueblo”. Una expresión noble en el discurso, pero arriesgada en el contexto de su primer año de gobierno, marcado por tropiezos institucionales, escándalos incómodos y una creciente percepción de distancia con los sectores urbanos y digitalizados del país.
La esencia de la discusión no es solo la revocación en sí, sino el lugar donde se encuentran hoy tres fuerzas que rara vez coinciden: un instrumento constitucional polémico, una presidenta que hereda una narrativa y una generación que ya no cree en relatos heredados.
La revocación: lo que dice la ley y lo que dicen los números.
La revocación de mandato fue concebida por López Obrador como una herramienta de control democrático, pero operó —en la práctica— como un referéndum de popularidad sin consecuencias vinculantes. La ley establece un requisito simple de enunciar y difícil de alcanzar: al menos 40 % de la lista nominal debe participar para que el resultado sea vinculante.
En la consulta de 2022 votaron 16.5 millones de personas, apenas 17.77 % del padrón. Es decir: menos de la mitad del mínimo requerido. El ejercicio sirvió para medir músculo político, no para activar un mecanismo de control. La realidad estadística es contundente: en un país donde la participación promedio en elecciones intermedias ronda el 48 % y donde los ejercicios de consulta suelen atraer entre 6 % y 20 % del electorado, alcanzar el umbral legal en 2027 parece improbable sin un rediseño normativo.
Aquí entra la reforma que Morena impulsa: bajar el umbral o modificar el procedimiento. Sin esa reforma, la revocación sería simbólica; con ella, podría convertirse en un arma política impredecible, especialmente para un gobierno que enfrenta tensiones internas, un contexto económico incierto y una generación joven que no se alinea con viejos códigos de autoridad.
La presidenta insiste en que “la revocación es nuestra”, una frase que busca marcar distancia con la oposición, que ha retomado el concepto como exigencia cívica. Pero la insistencia revela otra cosa: Morena quiere que la revocación siga siendo su herramienta, no un boomerang ciudadano que pueda voltearse en su contra.
“Nunca seremos una carga”: promesa, narrativa y contradicción.
La frase de Sheinbaum —“nunca seremos una carga para el pueblo”— intenta construir un puente emocional con la base social del gobierno. Apela a la ética del servicio público y al compromiso con los programas de Bienestar, presentados como prueba de que el Estado es un aliado, no un lastre.
Sin embargo, esta narrativa enfrenta dos tensiones:
1. La carga política.
A un año de iniciado su gobierno, la presidenta lidia con la sombra inevitable de su antecesor. López Obrador no solo sigue marcando la conversación pública; también condiciona las expectativas sobre lo que “debería” hacer su sucesora. Sheinbaum promete no ser una carga, pero arrastra el peso del proyecto político que heredó, con todas sus inercias y contradicciones.
2. La carga institucional.
Los escándalos y fricciones acumulados —desde fallas en seguridad hasta tropiezos en la relación con organismos autónomos, pasando por inconsistencias en sectores como salud y energía— han debilitado la capacidad del gobierno para presentarse como un actor eficiente. La frase, entonces, opera más como una aspiración que como una descripción de su desempeño.
La presidenta afirma que en 2027 “que diga el pueblo lo que quiere”. Pero para que el pueblo diga algo significativo, necesita condiciones institucionales y de participación que hoy no están garantizadas.
La Generación Z como variable inesperada.
Si algo evidenció la marcha reciente es que la Generación Z dejó de ser un dato demográfico y se convirtió en un actor político. Su presencia en las calles, sus consignas y su estética digitalizada representan un desafío para un gobierno que se construyó desde la épica del siglo XX: plazas llenas, mítines, liderazgo carismático.
La Z no exige carisma, exige coherencia.
No pide dádivas, sino rendición de cuentas.
No quiere héroes, quiere instituciones funcionales.
Para un gobierno acostumbrado a medir legitimidad en aplausos y fidelidad, esta generación es incómoda. Y su demanda de revocación no busca ratificar a la presidenta, sino recordarle que el poder no es eterno, ni siquiera para quienes lo heredaron con ventaja aplastante.
El primer año: tropiezos que pesan más de lo que parecen.
Aunque Sheinbaum mantiene un nivel aceptable de aprobación, su primer año no ha estado exento de turbulencias:
• Inseguridad: los homicidios no muestran una disminución proporcional a las promesas de control territorial.
• Medicinas y sistema de salud: persisten fallas heredadas de la transición del INSABI al IMSS-Bienestar, con denuncias de desabasto en diversas entidades.
• Tensiones con la Corte: la reforma al Poder Judicial abrió un conflicto institucional que aún no encuentra cauce.
• Escándalos de gabinete: renuncias incomodas, filtraciones y disputas internas han erosionado la imagen de cohesión.
• Dependencia política del obradorismo: la narrativa no logra despegar del legado AMLO, lo que reduce el margen para construir un liderazgo propio.
Estos episodios, aislados, podrían parecer manejables; juntos, construyen un panorama de desgaste temprano.
¿Revocación en 2027? Posible. Vinculante. Difícil. Útil. Poco claro.
La presidenta insiste en que la revocación es una convicción democrática. La realidad sugiere otra lectura: la revocación será políticamente viable solo si conviene al gobierno.
Para que sea vinculante, se necesitaría un nivel de participación históricamente inusual. Para que sea legítima, requeriría una ciudadanía menos polarizada y más informada. Para que sea estratégica, el gobierno tendría que llegar al 2027 con suficiente estabilidad como para asegurar un resultado favorable.
Y para que sea democrática —en el sentido sustantivo del término—, tendría que servir como un instrumento de rendición de cuentas y no como un operativo para refrendar popularidad.
Hoy, ninguna de esas condiciones está garantizada.
La revocación como espejo y amenaza.
Sheinbaum quiso usar la revocación como una demostración de seguridad democrática. El problema es que el espejo no siempre devuelve la imagen que uno espera. La Generación Z, la participación electoral real, los tropiezos institucionales y el peso del obradorismo han creado un escenario donde el mecanismo que fue bandera de Morena puede convertirse en su prueba más dura.
La presidenta afirma que el pueblo decidirá. El reto, ahora, es garantizar que el pueblo quiera y pueda decidir. Y que, cuando lo haga, la respuesta no se convierta en una carga… para ella.
