La carrera exprés por la Fiscalía: acuerdos en lo oscurito y terna de alta velocidad
Por: Alejandro Flores de la Parra.
El Senado volvió a demostrar que, cuando se trata de decisiones clave para la vida institucional del país, la política mexicana puede moverse con la velocidad de un Fórmula 1… siempre y cuando la meta esté previamente pactada. En una sesión que parecía más un trámite administrativo que un ejercicio republicano, el Pleno aprobó —con 88 votos a favor, 28 en contra y cinco abstenciones— la lista de diez aspirantes a la titularidad de la Fiscalía General de la República (FGR), que ahora será enviada a la presidenta Claudia Sheinbaum para que confeccione la terna definitiva.
El paquete incluye perfiles variados: desde Ernestina Godoy, la exconsejera jurídica que opera como fiscal provisional y símbolo de continuidad morenista, hasta Hamlet Almaguer, exdiputado afín a La Luz del Mundo y disciplinado soldado legislativo de la 4T, pasando por Luis Pérez de Acha, quien insiste por segunda ocasión en buscar un cargo que, por lo visto, solo se concede a los que están en gracia del poder.
Los otros siete nombres seguían la lógica habitual de repartir espacios entre academia, burocracia y aspirantes recurrentes… hasta que, de último minuto, ocurrió el clásico giro digno de serie política: Alfredo Barrera Flores salió de la lista sin explicación pública y entró Félix Roel Herrera, personaje cercano al senador Adán Augusto López, quien, casualmente, preside la Junta de Coordinación Política. Un movimiento quirúrgico, oportuno y alarmantemente silencioso.
Según Adán Augusto, la presidenta podría enviar la terna este mismo miércoles, comparecerían ese mismo día y ese mismo día se votaría. Un proceso exprés que ya quisiera el INAI para resolver solicitudes, o el Poder Judicial para dictar sentencias.
Un proceso hecho a la medida… y sin tallas equivocadas.
La oposición, especialmente la senadora priista Claudia Anaya, no dejó pasar el desaseo del procedimiento. Su reclamo fue claro: la nueva designación del fiscal “se hace en fast track, con pactos, corrompiendo y acomodando personas cercanas al gobierno”. Más que denuncia, parece descripción del manual no escrito de la política contemporánea.
Anaya denunció una comunicación fantasma entre Presidencia y Senado; una renuncia que no es renuncia; un fiscal que pide embajada como si se tratara de un intercambio de estampitas; y un procedimiento que se modificó sobre las rodillas. ¿La cereza del pastel? El único aspirante crítico al gobierno fue el eliminado “justo hace unos momentos”. El mensaje es tan transparente que asusta: los cuates pasan, los incómodos no.
El procedimiento establecido en 2019 —entrevistas formales en la Comisión de Justicia a los tres perfiles enviados por el Ejecutivo— quedó hecho añicos. Ahora todo se resolverá en el Pleno, con preguntas al vapor y votación inmediata. El país esperando justicia… y la clase política jugando a las sillas musicales institucionales.
El trasfondo real: control del Ministerio Público para un nuevo sexenio.
Detrás de declaraciones, votaciones relámpago y nombres acomodados, se esconde la razón de fondo: controlar la Fiscalía es controlar la narrativa legal del país. No es un secreto que la FGR ha sido, durante años, pieza estratégica para proteger aliados, hostigar adversarios y administrar escándalos. La salida inesperada del fiscal anterior y la negociación para enviarlo al servicio exterior confirman que el cargo es mucho más político que técnico.
Con Sheinbaum iniciando su sexenio, la fiscalía se convierte en la primera gran pieza del tablero. No es sorprendente que el proceso avance con tanta velocidad: cuando el poder está alineado, las formalidades estorban.
¿Y la ciudadanía? Bien, gracias.
Mientras tanto, para millones de personas que esperan justicia cotidiana —desde investigaciones por feminicidio hasta casos de corrupción—, el cambio de fiscal es un evento lejano. En teoría, este proceso debería garantizar autonomía y rigor jurídico. En la práctica, la discusión se centra en quién es funcional al gobierno, quién garantiza estabilidad política y quién nunca levantará demasiadas cejas.
La ironía es brutal: mientras se decide quién dirigirá la institución encargada de perseguir delitos, el procedimiento mismo exhibe prácticas que difícilmente se asemejan a la integridad institucional.
