El padrón que no convenció.
Por: Alejandro Flores de la Parra.
Hay derrotas que no necesitan una conferencia de prensa para hacerse evidentes. Basta con revisar los números.
A unos días de que venciera el plazo para registrar las líneas de telefonía celular, apenas 62.5 millones de los más de 144.5 millones de líneas activas del país habían sido incorporadas al nuevo padrón. En otras palabras: únicamente el 43% de los usuarios cumplió con el trámite. Para alcanzar el 100% antes del 30 de junio habría sido necesario registrar más de diez millones de líneas diarias, una meta más cercana a la ciencia ficción que a la administración pública.
Los datos son particularmente reveladores porque el gobierno había insistido en que el procedimiento era sencillo, rápido y fundamental para combatir delitos como la extorsión telefónica. Sin embargo, la respuesta ciudadana parece contar una historia distinta: cuando millones de personas deciden no participar en una política pública, el problema rara vez es únicamente la falta de información.
La presidenta Claudia Sheinbaum ha rechazado que el objetivo sea espiar a la población. Sostiene que el propósito es fortalecer la seguridad y recuerda que son las compañías telefónicas, y no el gobierno, quienes resguardan los datos personales. Es un argumento jurídicamente válido, pero políticamente insuficiente.
La confianza pública no se construye con declaraciones, sino con antecedentes. Y México llega a esta discusión después de años de debates sobre la CURP biométrica, el acceso gubernamental a información de telecomunicaciones, las filtraciones de bases de datos y una creciente preocupación por la protección de los datos personales. En ese contexto, pedirle a la ciudadanía un voto de confianza resulta mucho más complicado de lo que parece desde el escritorio gubernamental.
Paradójicamente, mientras el gobierno intenta cerrar la puerta a la delincuencia, internet ya abrió otra ventana. Continúan apareciendo anuncios donde se ofrecen chips supuestamente “ya registrados”, evitando que el comprador entregue su CURP, identificación oficial o datos biométricos. Es decir, antes de que el padrón alcance cobertura total, ya comenzó a florecer el mercado negro que precisamente pretendía evitar. La creatividad criminal, una vez más, parece haber leído primero el manual.
Eso no significa que registrar líneas telefónicas sea una mala idea por definición. En numerosos países existe algún mecanismo de identificación de usuarios y ha servido para fortalecer investigaciones criminales. Pero ninguna herramienta tecnológica sustituye la eficacia institucional. Un padrón no combate la extorsión si las autoridades no investigan; una base de datos no desmantela bandas delictivas si persiste la impunidad; un formulario digital no genera confianza cuando la población teme por el destino de su información.
Ahora el gobierno analiza una posible prórroga. Sería una decisión sensata, aunque también implicaría reconocer que la estrategia de implementación no logró convencer a la mayoría de los usuarios. Porque una política pública no se mide únicamente por su intención, sino por el nivel de aceptación y cumplimiento que consigue entre la sociedad.
Al final, el verdadero problema no es que falten más de 80 millones de líneas por registrar. El problema es que sobran millones de ciudadanos que todavía no encuentran razones suficientes para confiar. Y, en política, la confianza perdida suele ser mucho más difícil de recuperar que cualquier padrón de teléfonos.
