Acuerdos en tiempos de polarización: el cierre legislativo en Durango.
Por: Alejandro Flores de la Parra.
En un contexto nacional marcado por la confrontación política, la parálisis legislativa en algunos congresos locales y la constante tentación de convertir cada votación en un campo de batalla partidista, el cierre del Segundo Periodo Ordinario de Sesiones del Congreso del Estado de Durango ofrece un caso que merece análisis más allá del discurso oficial.
Ernesto Alanís Herrera, presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política (Jugocopo), calificó este periodo como “sólido y productivo”, destacando el diálogo, los acuerdos y la responsabilidad política como ejes del trabajo legislativo. Más allá de la retórica habitual, vale la pena revisar si los hechos respaldan esta afirmación y qué implicaciones políticas tiene para la gobernabilidad del estado.
El Paquete Económico como prueba de fuego.
Uno de los principales indicadores del cierre legislativo es la aprobación del Paquete Económico del Gobierno del Estado y de las leyes de ingresos de los 39 municipios. En términos políticos, estos procesos suelen revelar con claridad el estado real de las relaciones entre fuerzas parlamentarias: o se construyen acuerdos o se exhiben fracturas.
En este caso, el Congreso logró sacar adelante estos instrumentos financieros antes del cierre del periodo, lo que garantiza certidumbre presupuestal para 2026 y evita escenarios de improvisación administrativa. No es un dato menor. Sin recursos aprobados a tiempo, cualquier discurso de políticas públicas queda reducido a buenas intenciones.
Alanís subrayó que el objetivo central fue “el resultado para los ciudadanos”, una frase común en la política, pero que adquiere mayor peso cuando se observa que el Paquete Económico contó con el respaldo del PRI, PAN, PVEM y Movimiento Ciudadano. En una época donde la lógica del “todo o nada” domina la arena pública, los acuerdos amplios se convierten en un activo político.
Gómez Palacio y el valor del criterio institucional.
La aprobación de la Ley de Ingresos de Gómez Palacio fue uno de los episodios más representativos de este periodo. El acompañamiento legislativo se justificó con base en el cumplimiento del artículo 115 constitucional, particularmente en lo referente a servicios básicos como agua potable, alumbrado público y seguridad.
Aquí se observa un punto clave del mensaje político que busca posicionar la Jugocopo: la toma de decisiones con criterios técnicos y constitucionales por encima de afinidades partidistas. En los hechos, este tipo de votaciones envían una señal relevante a los municipios: el respaldo legislativo no depende del color político, sino del sustento legal y de la viabilidad de los servicios que impactan directamente a la población.
Debate, negociación y responsabilidad política.
Alanís reconoció que el debate y la confrontación son parte natural del Poder Legislativo. Esta admisión es importante porque desmonta la idea —poco realista— de que los consensos se construyen sin conflicto. Lo relevante, en este caso, es que el desacuerdo no derivó en bloqueo institucional.
El acuerdo alcanzado en torno al Paquete Económico muestra un ejercicio de negociación política funcional. No implica unanimidad ideológica, pero sí una coincidencia mínima sobre la necesidad de garantizar estabilidad financiera y gobernabilidad. En tiempos donde la política suele confundirse con espectáculo, este tipo de cierres legislativos apuntan a una práctica más madura del poder.
Seguridad y homologación legal.
Otro de los temas destacados fue la reforma al Código Penal para homologar la legislación local con la Ley General de Prevención y Sanción contra la Extorsión. Desde una perspectiva política, estas reformas suelen ser menos visibles mediáticamente, pero son fundamentales para fortalecer el marco jurídico del estado.
La homologación no solo evita vacíos legales, sino que envía una señal de coordinación con la política nacional en materia de seguridad, sin renunciar a la soberanía legislativa local. Es una decisión técnica, pero con efectos políticos claros: alineación institucional y fortalecimiento del estado de derecho.
Mensaje político más allá del Congreso.
La presencia de Ernesto Alanís en el informe de los primeros 100 días de la presidenta municipal de Gómez Palacio, Betzabé Martínez, refuerza el discurso de acompañamiento institucional. El mensaje es claro: el Congreso no se concibe como un ente aislado, sino como parte de un engranaje de gobernabilidad que incluye a los municipios.
Al final, la afirmación de que el Congreso es político por naturaleza, pero que su obligación es dar resultados, sintetiza la narrativa de este cierre de periodo: menos protagonismo partidista y mayor énfasis en la funcionalidad institucional.
Balance final
El cierre del Segundo Periodo Ordinario de Sesiones en Durango no fue espectacular, pero sí efectivo. Y en política, muchas veces la eficacia vale más que el ruido. Los acuerdos logrados, particularmente en materia económica y legal, apuntan a un Congreso que privilegió la estabilidad y el cumplimiento de su responsabilidad constitucional.
El reto, hacia adelante, será sostener esta lógica de acuerdos cuando el calendario electoral y las presiones partidistas comiencen a intensificarse. Por ahora, el balance es claro: hubo resultados, hubo acuerdos y hubo un cierre que, sin estridencias, cumplió su función.
