Durango: crecer cuesta — y alguien tiene que pagarlo.
Por: Alejandro Flores de la Parra.
Durango dejó hace tiempo de ser una ciudad intermedia con dinámicas propias de provincia. Con una población que ronda ya los 700 mil habitantes, la capital enfrenta hoy los retos clásicos —y cada vez más costosos— de las ciudades que crecen: más servicios públicos, mayor infraestructura, más espacios de recreación, mayor presión sobre la movilidad, la salud y la seguridad urbana.
El crecimiento, sin embargo, no es neutro. Tiene costos. Y la pregunta incómoda —pero inevitable— es quién los absorbe.
Una ciudad más grande exige un Estado local más fuerte.
Más habitantes implican más alumbrado, más recolección de basura, más pavimentación, más agua potable, más mantenimiento urbano. Pero también una ciudadanía que demanda calidad de vida: parques funcionales, clínicas cercanas, vialidades eficientes, espacios incluyentes y servicios de salud que desahoguen a los sistemas federales saturados.
Proyectos como el Parque Lineal, el Parque de la Vida, el Hospital del Niño 460, las clínicas del Seguro Familiar, la pavimentación masiva de calles o la ampliación de avenidas estratégicas no aparecen por generación espontánea. Requieren planeación, continuidad y, sobre todo, recursos permanentes, no transferencias extraordinarias.
Aquí aparece el primer gran cambio estructural: el dinero federal ya no fluye como antes.
La nueva realidad fiscal: menos rescates, más exigencias.
Desde hace varios años, la Federación ha modificado de facto su relación financiera con estados y municipios. Fondos extraordinarios, fideicomisos, programas especiales y bolsas discrecionales desaparecieron. FONDEN, SUBSEMUN y más de 200 programas ya no existen.
Al mismo tiempo, la Secretaría de Hacienda, a través de la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas, ha sido clara: quien no fortalezca sus ingresos propios, no puede aspirar a recibir más participaciones.
El mensaje es doble:
Sí, los estados pueden beneficiarse de una mayor recaudación federal vía IEPS y otros impuestos que engrosan el Ramo 28.
Pero los municipios deben hacer su tarea, cobrando de forma eficiente impuestos como predial, agua y traslado de dominio.
El margen para convenios discrecionales se cerró. El déficit federal persiste. No habrá cheques en blanco.
Presión local: costos que suben, ingresos que no.
A este nuevo entorno se suma otro factor estructural: el incremento del salario mínimo, que pasó de 88 pesos en 2018 a más de 315 pesos en 2026 (y hasta 410 en zonas fronterizas), un aumento real superior al 150%.
Este ajuste, socialmente positivo, tiene impactos directos en los municipios. Muchos contratos —como el servicio de limpia— están indexados al salario mínimo. El resultado es contundente: el costo anual pasó de 166 millones de pesos en 2010 a más de 300 millones actualmente, sin que el servicio pueda suspenderse o reducirse.
Mientras tanto, el impuesto predial llevaba décadas sin actualizarse, más allá de la inflación. El desfase entre lo que cuesta operar una ciudad y lo que se recauda comenzó a ser insostenible.
Actualizar el predial: una decisión impopular, pero racional.
El aumento al impuesto predial suele leerse, casi automáticamente, como un abuso. Sin embargo, el diseño de esta actualización introduce un matiz clave: no es generalizado ni regresivo.
La actualización de los valores catastrales se realizó bajo un principio de proporcionalidad:
Colonias populares y zonas vulnerables no registran incrementos reales.
El ajuste se concentra en zonas residenciales y propiedades de mayor valor.
Quien tiene más, contribuye más.
El ejemplo es ilustrativo: una vivienda en Jardines de Cancún, con valor catastral de 450 mil pesos, pagaba 800 pesos en 2025; hoy paga 820 pesos con descuento aplicado. El impacto es marginal, pero el valor catastral del patrimonio aumenta, fortaleciendo su plusvalía.
En términos prácticos, el predial no solo es un impuesto: es un instrumento de ordenamiento urbano y valorización patrimonial.
¿A dónde va el dinero? La clave está en la evidencia.
El argumento fiscal pierde legitimidad si no se acompaña de resultados visibles. En ese sentido, el presupuesto proyectado para 2026 muestra una dispersión clara hacia infraestructura y calidad de vida:
Infraestructura vial: ampliación y pavimentación de avenidas estratégicas, más de 600 mil m² en 300 calles.
Presupuesto participativo: 100 mdp asignados por voto ciudadano a 47 obras.
Espacios públicos: segunda etapa del Parque Lineal con inversión cercana a 100 mdp.
Medio ambiente: recuperación del antiguo basurero para convertirlo en el Parque de la Vida.
Salud: ampliación de clínicas del Seguro Familiar y operación del Hospital del Niño con cobertura real.
Equipamiento urbano: fortalecimiento de servicios básicos, como limpieza y mantenimiento.
No se trata de propaganda, sino de capacidad instalada: obras, servicios y programas que responden a una ciudad que ya no es la de hace veinte años.
Jalar parejo: una discusión incómoda, pero necesaria.
El fondo del debate no es el predial. Es el modelo de ciudad.
Una ciudad que quiere crecer ordenadamente, atraer inversión, mejorar servicios y elevar su calidad de vida no puede depender exclusivamente de la Federación, ni sostenerse con esquemas fiscales desactualizados.
El aumento al predial no es popular, pero no es arbitrario. Afecta más a quienes tienen mayor capacidad contributiva y, al mismo tiempo, fortalece el valor de su patrimonio. Es una medida imperfecta, sí, pero coherente con la realidad fiscal actual.
Lo que viene.
Durango enfrenta 2026 con una disyuntiva clara: o asume el costo de crecer, o se estanca. El camino elegido no garantiza aplausos inmediatos, pero sí una discusión más honesta sobre responsabilidad fiscal, equidad contributiva y desarrollo urbano sostenible.
Porque al final, las ciudades no se construyen con discursos, sino con decisiones difíciles. Y alguien, inevitablemente, tiene que pagarlas.
