Expo blindada, ciudad vulnerable.
Por: Alejandro Flores de la Parra.
El miércoles 25 de febrero dejó una imagen incómoda en la capital sinaloense: bajo carpas impecables y con maquinaria reluciente se inauguró la ExpoAgro 2026, resguardada por seis mil elementos federales, estatales y municipales. A pocos kilómetros, en el transcurso del mismo día, seis personas fueron asesinadas. Una séptima moriría después en un hospital por heridas sufridas semanas antes en Eldorado. Hubo además robos de vehículos, privaciones ilegales de la libertad y reportes de enfrentamientos en Tepuche, con versiones de ataques con drones. La autoridad habló de “saldo blanco” en el evento. La ciudad, en cambio, registró saldo rojo.
La contradicción no es solo semántica; es política. El Estado demostró capacidad para blindar un perímetro específico —el de una feria que espera 30 mil asistentes—, pero no para impedir que la violencia siguiera su curso en el resto del territorio urbano. Se protegió el escaparate. El almacén quedó expuesto.
El episodio ocurre en un momento particularmente delicado. La muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, ha sacudido equilibrios criminales en diversas regiones. En el mundo del narcotráfico, la caída de un jefe no suele traer paz inmediata, sino disputas por rutas, proveedores y plazas. A la vez, en Sinaloa persiste la guerra interna entre facciones del Cártel de Sinaloa —los llamados “Mayos” y “Chapitos”— que desde hace meses erosiona comunidades rurales y colonias urbanas con ejecuciones, desapariciones y demostraciones de fuerza cada vez más tecnificadas.
En ese contexto, los seis homicidios del miércoles no son hechos aislados; son piezas de una reconfiguración violenta más amplia. Cuando los grupos se reacomodan, el mensaje suele ser público: ataques en zonas visibles, uso de nuevas tecnologías, control territorial intermitente. Tepuche, nuevamente incomunicada según vecinos y medios locales, simboliza esa fragilidad institucional en áreas donde la presencia del Estado depende más de operativos temporales que de autoridad permanente.
El problema no es que se proteja un evento económico relevante. Es que la seguridad no puede reducirse a una lógica de burbujas. La ciudadanía no vive dentro de un dispositivo especial; vive en barrios, trabaja en el malecón, circula por avenidas que no tienen vallas ni filtros. Si seis mil elementos son necesarios para garantizar tranquilidad durante unas horas en un polígono concreto, la pregunta inevitable es qué ocurre el resto del tiempo y en el resto del mapa.
A escala nacional, el telón de fondo tampoco es alentador. México ha registrado en los últimos años más de 29 mil homicidios anuales, de acuerdo con cifras oficiales del INEGI, con variaciones marginales pero persistencia estructural. La violencia ya no se concentra solo en grandes ciudades; se desplaza a municipios medianos, zonas agrícolas, corredores logísticos. La fragmentación criminal —producto de capturas, muertes y divisiones internas— ha multiplicado los actores y complejizado la gobernabilidad territorial.
La muerte de “El Mencho” puede acelerar esa fragmentación. La pugna en Sinaloa puede intensificarla. Y la combinación de ambas variables crea un escenario de alta volatilidad: alianzas cambiantes, disputas simultáneas, economías ilícitas que se diversifican hacia extorsión y control local. En ese entorno, declarar “saldo blanco” porque un acto inaugural transcurrió sin incidentes directos puede ser técnicamente correcto y políticamente insuficiente.
La ciudadanía percibe otra cosa: que la violencia es capaz de convivir con la ceremonia oficial sin alterarla; que puede correr en paralelo a la agenda pública sin desplazarla. Esa normalización es peligrosa. No porque niegue los esfuerzos de las fuerzas de seguridad, sino porque rebaja el estándar de lo aceptable.
El desafío no es menor. Implica pasar de operativos reactivos a inteligencia sostenida; fortalecer policías locales con capacidades reales; atacar estructuras financieras y no solo células armadas; y comunicar con transparencia, sin eufemismos administrativos. La seguridad no puede medirse únicamente por la ausencia de incidentes en un evento, sino por la reducción consistente del riesgo cotidiano.
La imagen final del miércoles sintetiza el dilema: tractores relucientes bajo vigilancia extraordinaria y, en la misma ciudad, patrullas acordonando escenas del crimen. Dos realidades coexistiendo sin tocarse. La pregunta que queda no es si el Estado puede blindar una feria —ya demostró que sí—, sino si podrá extender esa capacidad más allá de las carpas y convertirla en una condición permanente para la vida diaria. En esa respuesta se juega algo más que la reputación de un gobierno: se juega la credibilidad de la promesa básica de cualquier Estado moderno, la de garantizar seguridad para todos, no solo para el evento en turno.
