Transparencia por decreto… y opacidad por excepción.
Por: Alejandro Flores de la Parra.
En política, las palabras importan. Pero los antecedentes pesan mucho más.
La presidenta Claudia Sheinbaum presentó esta semana un decreto que promete fortalecer la transparencia del Gobierno federal. Más información pública, contratos actualizados cada mes, apertura de datos de las filiales de Pemex y CFE, mayor difusión de auditorías y reglas más estrictas para reservar información. Sobre el papel, el anuncio luce impecable. Incluso suena como el tipo de reformas que cualquier democracia moderna debería impulsar.
El problema es que la transparencia no se mide por los decretos que se firman, sino por los expedientes que se abren.
Resulta inevitable recordar que fue precisamente el gobierno de la llamada Cuarta Transformación el que convirtió en asuntos de “seguridad nacional” algunos de los proyectos con mayor inversión pública de las últimas décadas. El AIFA, el Tren Maya y el Corredor Interoceánico fueron protegidos mediante acuerdos que limitaron el acceso a información relacionada con contratos, costos, proveedores y procesos administrativos. Si el principio era la máxima publicidad, la práctica terminó siendo la máxima reserva.
La contradicción es evidente.
Hoy se afirma que solamente permanecerán reservados aquellos asuntos que comprometan el interés público o la seguridad nacional. La pregunta inevitable es si ese concepto dejará de ser un cajón de sastre donde cabe prácticamente cualquier obra emblemática o decisión políticamente incómoda.
Porque la verdadera prueba de la transparencia nunca ha sido publicar más documentos, sino permitir conocer aquellos que más interesan a la sociedad.
¿Se abrirán completamente los expedientes del desfalco multimillonario de SEGALMEX? ¿Se conocerán sin restricciones todos los contratos de adquisición de medicamentos e insumos durante la pandemia celebrados por INSABI, IMSS e ISSSTE? ¿Será posible revisar con el mismo nivel de detalle los costos reales, modificaciones contractuales y sobreprecios de las grandes obras de infraestructura?
Si la respuesta es sí, estaremos frente a un cambio de fondo.
Si la respuesta es no, el decreto corre el riesgo de convertirse en un sofisticado ejercicio de transparencia administrativa sobre asuntos menores, mientras los expedientes que involucran miles de millones de pesos continúan bajo llave.
La desaparición del INAI también forma parte de este debate. El gobierno sostiene que el organismo representaba un gasto superior a mil millones de pesos al año y que sus funciones pueden realizarse desde la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno con menores costos. El argumento presupuestal puede ser válido. Lo que aún está por demostrarse es que quien administra la información del gobierno tenga la misma independencia para decidir cuándo el propio gobierno debe entregarla.
Porque transparencia sin autonomía siempre despierta dudas.
En realidad, la confianza pública no se construye anunciando plataformas más modernas ni actualizando contratos cada treinta días. Se construye cuando el poder acepta ser vigilado, incluso cuando esa vigilancia resulta incómoda.
La ironía de este anuncio es difícil de ignorar. Después de años cuestionando a un organismo autónomo por, supuestamente, obstaculizar al Estado, ahora el propio Estado promete que será más transparente administrándose a sí mismo. Es como pedirle al árbitro que también juegue de delantero y después asegurar que el marcador será imparcial.
La transparencia auténtica nunca depende de la buena voluntad del gobernante en turno. Depende de que existan instituciones independientes capaces de obligarlo a rendir cuentas.
Los decretos pueden cambiar en una firma. La credibilidad, en cambio, tarda años en construirse… y apenas unos cuantos expedientes reservados en volver a perderse.
