La recompensa más cara.
Por: Alejandro Flores de la Parra.
Hay cifras que hablan por sí solas. Cien millones de dólares en recompensas no son solamente una estrategia de seguridad; son un mensaje político. Y cuando ese mensaje proviene de Washington, rara vez tiene un solo destinatario.
Las nuevas acusaciones del Departamento de Justicia de Estados Unidos contra la cúpula del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), encabezada ahora por Juan Carlos Valencia González, “El Pelón”, llegan acompañadas de un discurso mucho más duro que el habitual. Ya no se trata únicamente de perseguir narcotraficantes. El gobierno estadounidense ha elevado el tono al advertir que también irá contra funcionarios mexicanos que, según sus investigaciones, habrían facilitado las operaciones del grupo criminal.
La diferencia no es menor.
Durante décadas, la relación bilateral permitió que cada país administrara su propio discurso sobre el narcotráfico. México defendía la soberanía; Estados Unidos insistía en el combate a las drogas. Hoy esa frontera política comienza a difuminarse. Washington ya no sólo persigue a los líderes criminales: ahora coloca bajo los reflectores la presunta corrupción institucional y la presenta como parte inseparable del problema.
Más allá de que las acusaciones deban probarse en tribunales, el impacto político ya está ocurriendo.
La pregunta deja de ser si Estados Unidos tiene razón. La verdadera interrogante es cuánto está dispuesto a escalar este conflicto.
Porque el calendario también importa.
A medida que se acerca el proceso electoral estadounidense, ningún aspirante serio puede darse el lujo de parecer débil frente al crimen organizado, la migración o el tráfico de fentanilo. México se convierte, inevitablemente, en un tema de campaña. Y cuando eso ocurre, la diplomacia suele ceder espacio a la retórica electoral.
No sería extraño que en los próximos meses aumenten las sanciones financieras, las cancelaciones de visas, las acusaciones públicas e incluso las solicitudes de cooperación mucho más agresivas. La presión política suele crecer al mismo ritmo que las encuestas.
Pero México tampoco atraviesa un momento cualquiera.
El país comienza a entrar en la lógica del proceso electoral de 2027. Gobernaturas, congresos locales y la renovación de la Cámara de Diputados abrirán una competencia política en la que cualquier señalamiento proveniente de Washington tendrá efectos internos inevitables. No importa si las acusaciones terminan confirmándose o no; basta con que existan para alterar el debate público, polarizar posiciones y alimentar narrativas de uno y otro lado.
El riesgo es evidente.
Mientras Estados Unidos convierte a los cárteles en un asunto de seguridad nacional y de política electoral, México corre el riesgo de convertirlos en un tema más de disputa partidista. Esa combinación nunca ha dado buenos resultados.
Paradójicamente, el crimen organizado parece entender mejor los tiempos políticos que los propios gobiernos. Mientras ambos países intercambian declaraciones, diseñan estrategias y calculan costos electorales, las organizaciones criminales continúan adaptándose, diversificando sus negocios, infiltrando economías legales y aprovechando cada espacio donde el Estado llega tarde.
Quizá la recompensa más grande no sea la que ofrece la DEA por un líder del CJNG. La verdadera recompensa política será para quien logre convencer a sus ciudadanos de que tiene el control del problema.
Y ese premio, hoy por hoy, parece mucho más difícil de cobrar que cualquier cheque de 25 millones de dólares.
