Ayotzinapa: cuando el poder también sabía borrar las huellas
Por: Alejandro Flores de la Parra.
Hay algo particularmente perturbador en el caso Ayotzinapa: durante casi doce años no sólo desaparecieron 43 estudiantes. También desaparecieron videos, evidencias, responsabilidades y, sobre todo, certezas.
La detención del exgobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, vuelve a colocar una pregunta incómoda sobre la mesa: ¿qué sabía realmente el poder político aquella noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014?
La Fiscalía General de la República sostiene ahora una línea de investigación en la que Aguirre es señalado por desaparición forzada y obstrucción de la justicia, particularmente por la presunta destrucción u ocultamiento de videos relacionados con los hechos de Iguala.
Pero hay algo todavía más grave en los testimonios ministeriales incorporados al expediente: la descripción de un gobernador que, según una exfuncionaria, tenía capacidad para influir tanto en estructuras policiales como en actores vinculados con la delincuencia organizada.
La declaración de Blanca María del Rocío Estrada Ortega es particularmente explosiva. Según su testimonio, Aguirre habría recibido información sobre un video de las cámaras de seguridad del Palacio de Justicia de Iguala y habría instruido que el procurador Iñaki Blanco se hiciera cargo de esa información. También declaró haber escuchado al exgobernador ordenar a su sobrino Ernesto Aguirre destruir evidencias relacionadas con el caso.
Son acusaciones gravísimas. Y precisamente por eso deben probarse en tribunales, no en columnas, conferencias de prensa ni redes sociales.
Pero si los testimonios terminan siendo corroborados, la dimensión política sería enorme: no estaríamos únicamente frente a un caso de omisión o incompetencia gubernamental, sino ante la posible utilización del aparato público para impedir que la verdad llegara a conocerse.
El asunto de los videos resulta particularmente revelador. Durante años, la ausencia de esas imágenes fue uno de los grandes agujeros negros de la investigación. Ahora aparece la posibilidad de que algunas evidencias no se hayan perdido por accidente, sino que alguien hubiera decidido que era mejor que no existieran.
En política suele decirse que el poder todo lo puede. Ayotzinapa demostraría, en su versión más oscura, que también puede intentar decidir qué se ve, qué se investiga y qué termina desapareciendo de los archivos.
Y aquí aparece otro componente inevitable: la política.
Ángel Aguirre no fue un personaje marginal de la izquierda mexicana. Llegó a la gubernatura de Guerrero por el PRD después de una larga trayectoria priista y formó parte de la generación de gobernadores perredistas que compartieron espacio político con Andrés Manuel López Obrador. En 2012, Aguirre respaldó públicamente la candidatura presidencial de López Obrador; en 2018 volvió a manifestar su apoyo para la Presidencia, aunque mantuvo su respaldo al PRD para otros cargos.
La historia, sin embargo, tiene un matiz importante: en octubre de 2014, después de la tragedia de Iguala, López Obrador negó haber respaldado a Aguirre como candidato a gobernador y explicó que Morena había condicionado su apoyo a la firma de un convenio que el entonces candidato no aceptó.
Por eso sería irresponsable convertir la relación política entre ambos en una acusación de complicidad. Pero también sería ingenuo fingir que no existió una cercanía política dentro de la izquierda mexicana durante años.
Y hay otro dato incómodo: durante el gobierno de López Obrador, las investigaciones sobre Ayotzinapa señalaron también a funcionarios del gobierno de Aguirre, entre ellos Iñaki Blanco y Lambertina Galeana. Algunas órdenes de aprehensión fueron posteriormente canceladas, lo que alimentó nuevas dudas sobre el manejo político y judicial del expediente.
Ahora, con Aguirre detenido, el caso vuelve a abrir una herida que México nunca consiguió cerrar.
La pregunta ya no es solamente quién se llevó a los 43.
También es quién permitió que durante años se perdieran las piezas necesarias para reconstruir la historia.
Porque si alguien realmente ordenó destruir las imágenes, no estaba intentando borrar un video.
Estaba intentando borrar una verdad.
Y si eso se demuestra, Ayotzinapa dejaría de ser solamente la historia de una tragedia provocada por policías y delincuentes.
Sería también la historia de cómo, desde las entrañas del poder, alguien pudo haber intentado convertir la impunidad en política de Estado.
