Durango: más obra, menos deuda… y algunos asteriscos.
Por: Alejandro Flores de la Parra
En política, las cifras suelen tener una extraordinaria capacidad de adaptación: cuando favorecen al gobierno se llaman resultados; cuando lo contradicen, se convierten en contexto. El Primer Informe financiero del Ayuntamiento de Durango 2025-2028 ofrece suficientes números para reconocer avances importantes, pero también para recordar que una gráfica atractiva no siempre cuenta toda la historia.
La comparación de obra pública es, quizá, la más contundente. El documento reporta 491.5 millones de pesos durante el trienio 2016-2019 (JREH), 664.6 millones en 2019-2022 (JASP) y 1,152.6 millones entre 2022 y 2025. Es decir, el segundo periodo creció alrededor de 35% frente al primero y el trienio encabezado por Toño Ochoa aumentó otro 73%. Para el primer año de la nueva administración 2025-2028 aparecen ya 1,090 millones de pesos: casi 95% de todo lo reportado durante los tres años anteriores.
La cifra impresiona. El asterisco también debería hacerlo.
El propio documento establece que esos 1,090 millones corresponden a obra autorizada, mientras señala un avance de apenas 40% en el monto pagado. Además, la comparación histórica no aclara si todos los periodos utilizan exactamente la misma base contable —autorizado, contratado, devengado o pagado— ni presenta una actualización por inflación. En otras palabras: hay una expansión presupuestal evidente, pero autorizar una banqueta todavía no equivale a caminar sobre ella.
En seguridad ocurre algo aún más interesante porque la realidad se resiste a las narrativas lineales. Tomando las mediciones de junio de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana —las más cercanas al cierre de cada trienio—, la población que consideraba inseguro vivir en Durango capital fue de 40.8% en 2019, subió a 44.1% en 2022, cayó a 36.8% en 2025 y volvió a 44% en junio de 2026.
Así, el cierre 2022-2025 ofrece el mejor dato de los tres trienios comparados, pero el primer año de continuidad registra un deterioro de 7.2 puntos porcentuales respecto de junio anterior. Hay, sin embargo, perspectiva: ese 44% continúa considerablemente debajo del promedio nacional de 59.8%.
La ENVIPE obliga a otra precaución. A nivel estatal —por lo que no sería serio adjudicar el resultado exclusivamente al alcalde—, los hogares con al menos una víctima de delito pasaron de 23.6% en 2018 a 17.8% en 2021, pero regresaron a 23.2% en 2024. Curiosamente, durante esos mismos cortes la percepción de inseguridad en la colonia o localidad mejoró: de 33.1% a 28.7% y después a 25%. La lección es sencilla: sentirse más seguro y ser menos victimizado no siempre son la misma cosa.
Donde el Ayuntamiento presenta su argumento más sólido es en las finanzas.
La deuda bancaria de largo plazo descendió de 354.1 millones de pesos en agosto de 2019 a 245.5 millones en 2022 y 114.2 millones en 2025: una reducción acumulada cercana a 68% en seis años y de 53.5% solamente durante el trienio 2022-2025. La trayectoria, por cierto, demuestra que la disciplina financiera no nació en una sola administración: ya existía una tendencia descendente en el gobierno anterior.
La Secretaría de Hacienda mantiene al municipio en nivel de endeudamiento sostenible, con indicadores muy por debajo de los umbrales de riesgo. El propio documento reproduce datos del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas que colocan la deuda en alrededor de 4.1% de los ingresos totales, entre los niveles más bajos para municipios con obligaciones superiores a cien millones de pesos.
Pero también aquí conviene mirar la letra pequeña: la propia gráfica estima que la deuda podría alcanzar 386.5 millones de pesos en diciembre de 2026 antes de descender a 226.9 millones al final del trienio. Endeudarse no constituye por sí mismo una irresponsabilidad; depende del costo, el destino y la capacidad de pago. Precisamente por eso esa trayectoria futura deberá vigilarse con mayor atención que los discursos que la acompañen.
Hay incluso una pequeña paradoja contable. El informe presume 1,033 millones de pesos de ingresos propios recaudados a julio frente a un presupuesto anual de 1,294 millones y etiqueta el avance en 75%. La calculadora arroja aproximadamente 79.8%. El predial, en cambio, ya alcanzó 594.4 millones frente a una meta de 477 millones: 24.6% por encima de lo presupuestado. Es una buena noticia, aunque superar ampliamente una previsión puede significar eficiencia recaudatoria… o una meta demasiado conservadora.
El balance, entonces, no admite caricaturas. Durango muestra finanzas fuertes, una reducción de deuda verificable y un salto considerable en inversión pública; pero enfrenta señales mixtas en seguridad y todavía debe transformar presupuesto autorizado en obra efectivamente terminada.
Para un alcalde que inicia un segundo trienio consecutivo, la vara debe ser más alta: ya no existe curva de aprendizaje que justifique confundir proyectos con resultados.
Porque al final una ciudad no vive dentro de una hoja de Excel. La verdadera cuenta pública se audita todos los días en la calle: en el pavimento que existe, en el servicio que funciona, en la deuda que puede pagarse y en la tranquilidad con la que sus habitantes regresan a casa.
