La salud se federaliza; la responsabilidad también.
Por: Alejandro Flores de la Parra.
Hay tragedias sobre las que no cabe hacer ironía. La muerte de cinco recién nacidos en Durango es una de ellas. La ironía, en todo caso, corresponde reservarla para esa extraordinaria habilidad de la burocracia mexicana de concentrar atribuciones cuando se trata de ejercer poder y descubrir súbitamente los matices competenciales cuando llega la hora de explicar responsabilidades.
Entre el 15 y el 19 de septiembre murieron cinco bebés que permanecían en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales del Hospital General de Zona No. 1 del IMSS en Durango. El Instituto confirmó que detectó una bacteria sensible a los antibióticos disponibles, aunque ha sido cuidadoso al señalar que su presencia no permite concluir que haya provocado los fallecimientos. Se restringieron ingresos, se aislaron casos, se desinfectó el área y, hasta el 20 de septiembre, no se habían identificado nuevos pacientes sospechosos. La investigación continúa.
Y es indispensable subrayarlo: hasta ahora no existe evidencia pública suficiente para dictar sentencia sobre negligencia, infección hospitalaria o responsabilidad individual.
Pero una investigación inconclusa no cancela las preguntas políticas.
La Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios de Durango ha planteado entre las hipótesis posibles fallas tan elementales como lavado de manos, limpieza de equipos, ventiladores, mascarillas o material utilizado con los pacientes. Son posibilidades, no conclusiones. Sin embargo, al momento de sus declaraciones, la autoridad estatal tampoco había tenido acceso a los expedientes clínicos resguardados por el área jurídica del IMSS ni conocía siquiera el nombre de la bacteria identificada por el Instituto.
Aquí aparece el primer problema: cuando la emergencia sanitaria exige velocidad, la información parece seguir viajando en horario de oficina.
El caso adquiere además una dimensión política mayor porque ocurre mientras el Gobierno federal avanza en una estrategia de creciente centralización del sistema público de salud.
Conviene hacer una precisión: el hospital de Durango pertenece al IMSS ordinario, mientras que la federalización de los servicios estatales se instrumenta principalmente mediante el OPD IMSS-Bienestar. No son la misma institución. Pero ambas forman parte de una política federal que busca ampliar la conducción nacional de los servicios sanitarios.
IMSS-Bienestar asumió servicios de salud en 23 entidades y su propio Programa Institucional 2025-2030 mantiene como objetivo avanzar hacia una red nacional. El acuerdo de federalización comprende precisamente personal, infraestructura, equipamiento, medicamentos y recursos necesarios para prestar los servicios.
La lógica tiene argumentos atendibles: homologar estándares, aprovechar economías de escala y reducir las desigualdades entre sistemas estatales. El problema aparece cuando la expansión administrativa corre más rápido que la capacidad institucional.
El propio IMSS reconoció en 2025 rezagos acumulados en mantenimiento, rehabilitación y equipamiento y anunció 7 mil 454 millones de pesos para intervenir infraestructura, incluyendo 28 unidades de cuidados intensivos neonatales. También existen avances: para junio de 2026 el Gobierno reportaba 29 hospitales, diez unidades de medicina familiar y 35 centros de salud puestos en operación durante la administración.
Es decir: sería incorrecto afirmar que nada se está haciendo. Pero también sería ingenuo confundir construcción con capacidad, infraestructura con calidad o centralización con eficiencia.
En 2024, según INEGI, 34.2% de la población mexicana presentaba todavía carencia de acceso a servicios de salud. La brecha se había reducido respecto de 2022, pero seguía afectando a prácticamente uno de cada tres mexicanos.
Ahí está la contradicción que el caso Durango vuelve imposible ignorar.
Si la Federación pretende concentrar progresivamente la conducción, el presupuesto, el personal, las compras y la infraestructura sanitaria, también debe concentrar algo bastante menos atractivo para cualquier gobierno: la rendición de cuentas.
No puede existir federalismo para las culpas y centralismo para los anuncios.
Habrá que esperar los resultados de las investigaciones para saber qué ocurrió con esos cinco bebés y determinar responsabilidades, si las hubo. Pero políticamente la pregunta ya está sobre la mesa: ¿puede el Gobierno federal ampliar todavía más el sistema que administra antes de demostrar que posee suficientes mecanismos de prevención, supervisión y control en las instituciones que ya tiene bajo su responsabilidad?
Federalizar hospitales puede hacerse mediante decretos, convenios y transferencias presupuestales. Federalizar la calidad es bastante más difícil.
Y la salud pública tiene esa incómoda costumbre de recordarnos que un sistema no funciona porque un organigrama diga que funciona, sino porque funciona incluso cuando nadie está dando una conferencia de prensa.
