“Escuchamos después legislamos”: de la empatía a los resultados.
La protección animal pone a prueba una premisa esencial de la buena política: escuchar a la sociedad antes de tomar decisiones que afectan su realidad.
Por: Alejandro Flores de la Parra.
Hay frases políticas que merecen trascender los discursos. “Escuchamos después legislamos” es una de ellas. El Grupo Parlamentario del PAN en el Congreso de Durango ha decidido abrir el diálogo con protectoras y activistas de los derechos de los animales. Una iniciativa oportuna que plantea una cuestión de fondo: ¿están nuestros legisladores dispuestos a transformar las demandas ciudadanas en políticas públicas verdaderamente eficaces?
El encuentro abordó problemas tan sensibles como el abandono, la omisión de cuidados, la violencia sexual, la eutanasia y las campañas de esterilización. Escuchar a quienes diariamente rescatan animales, muchas veces con recursos propios, representa un ejercicio valioso de sensibilidad política. Pero escuchar también implica asumir responsabilidades.
El desafío no es comenzar a legislar, sino lograr que lo legislado se cumpla. Desde diciembre de 2024, el artículo 4.º constitucional prohíbe expresamente el maltrato animal. Durango, por su parte, reformó su legislación en octubre de 2025 para reconocer a los animales como seres sintientes. Su Código Penal contempla penas de prisión por crueldad, mientras la legislación estatal ya establece mecanismos de denuncia y sanciones administrativas.
Entonces, ¿qué falta? Principalmente, capacidad institucional para convertir las disposiciones jurídicas en protección efectiva.
Un dato permite dimensionar el problema. En agosto de 2026, El Siglo de Durango documentó que el Centro de Atención Animal de la capital realizaba hasta 20 esterilizaciones gratuitas diarias. Es un esfuerzo importante, aunque sin un diagnóstico confiable de la población animal y sus necesidades resulta imposible determinar si esa cobertura es suficiente.
Más preocupante es que, según Meganoticias, el Juzgado Cívico municipal registró apenas cinco casos de maltrato durante el primer trimestre de 2026. Aunque esa cifra no representa todas las denuncias de la entidad, obliga a preguntar cuánto de lo denunciado termina realmente investigado y sancionado.
La discusión también exige responsabilidad jurídica y científica. Combatir la violencia sexual contra animales requiere procedimientos de investigación eficaces; regular la eutanasia demanda criterios veterinarios estrictos, evitando confundir el alivio del sufrimiento irreversible con el sacrificio utilizado como mecanismo de control poblacional.
Existe, además, una dimensión social frecuentemente ignorada: el bienestar animal involucra salud pública, educación, seguridad comunitaria y responsabilidad familiar. No puede descargarse indefinidamente sobre asociaciones civiles una obligación que también corresponde a las instituciones.
Políticamente, el PAN tiene la oportunidad de demostrar que su planteamiento es más que una consigna. Sin embargo, la protección animal no debería convertirse en patrimonio partidista. Legisladores de otras fuerzas también han presentado propuestas. La respuesta exige acuerdos, presupuesto, coordinación municipal, participación veterinaria y mecanismos públicos para evaluar resultados.
La verdadera prueba será pasar de las fotografías del diálogo a las decisiones verificables: más esterilizaciones, denuncias atendidas, protocolos claros, refugios supervisados y sanciones efectivas.
Porque legislar sin escuchar puede producir leyes alejadas de la realidad; pero escuchar sin actuar termina convirtiendo las buenas intenciones en propaganda.
“Escuchamos después legislamos” es un buen principio. Escuchar, legislar, financiar y cumplir debería convertirse en el compromiso completo.
Al final, la calidad de nuestra democracia también se mide por la capacidad de proteger a quienes no tienen voz, pero sí sienten las consecuencias de nuestras decisiones.
