Militares al poder: ¿la paz o la pistola?
Por: Alejandro Flores de la Parra
En el México de hoy, las paradojas no son solo retóricas, son institucionales. La reciente reforma que integra a la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) no solo borra la ya tenue línea entre lo civil y lo militar, sino que también instala en el corazón del Estado mexicano una pregunta que debería helarnos la sangre: ¿estamos construyendo paz o simplemente entregando la llave de la seguridad —y quizá del poder— a quienes portan las armas?
La Guardia Nacional que dejó de ser nacional.
La Guardia Nacional nació, al menos en el papel, como un cuerpo civil. Así lo juró Andrés Manuel López Obrador en su retórica de “abrazos, no balazos”, cuando prometía acabar con la “guerra contra el narco” sin repetir los errores del pasado. Cinco años después, la realidad es otra: más de 130 mil elementos con disciplina y formación militar, con estructura militar y ahora, por si quedaban dudas, bajo mando militar.
Esta reforma constitucional no es menor. Transfiere a la SEDENA el control operativo, administrativo y presupuestal de la Guardia Nacional. Es decir: ya no hay que fingir que se trata de una policía civil. Y esto, lejos de ser un acto de honestidad institucional, es la legalización de un golpe técnico al principio republicano de subordinación militar al poder civil.
Estrategias de guerra para problemas de paz.
El peligro de esta reforma no está solo en el uniforme o en el rango, sino en la lógica. La seguridad pública requiere inteligencia, no solo fuerza. Necesita presencia, sí, pero también prevención, trabajo social, políticas públicas. Poner a un general a diseñar estrategias para reducir los robos a casa habitación es como pedirle a un ortopedista que realice una cirugía cardiovascular: quizá sabrá usar el bisturí, pero no domina el ritmo o frecuencia cardíaca.
Históricamente, cada vez que los militares se han hecho cargo de tareas civiles, el resultado ha sido una mezcla inestable de represión, opacidad y poder desmedido. En México, el caso más reciente fue la tristemente célebre “Guerra contra el Narco” de Felipe Calderón, que disparó la violencia a niveles nunca antes vistos. En 2006, había poco más de 10 mil homicidios dolosos al año; en 2023, esa cifra superó los 30 mil. Bajo el sexenio de AMLO, que prometió pacificar el país, sumamos ya más de 180 mil homicidios dolosos. Es el sexenio más violento de la historia moderna.
El peligro de la popularidad de las botas.
Otro dato que debería preocuparnos: según encuestas del INEGI y del Latinobarómetro (con sede en Chile), las Fuerzas Armadas gozan de un nivel de confianza ciudadana cercano al 70%. Este respaldo popular, bien ganado en su tarea de auxilio en desastres naturales, puede ser fácilmente malinterpretado como un cheque en blanco para tomar decisiones políticas. ¿El resultado? Una democracia que finge serlo mientras el poder real se mueve en los cuarteles.
Y el asunto se vuelve todavía más turbio cuando consideramos el coqueteo cada vez más abierto de los militares con espacios de decisión política. Con la reforma aprobada, no hay garantías claras que impidan que en un futuro veamos a un general condecorado —y con miles de efectivos bajo su mando— postularse para un cargo de elección popular. ¿Qué tan “libre” sería esa elección si quien reparte la seguridad también busca los votos?
De Roma a Bolivia: la lección de la historia.
La historia universal es generosa en advertencias. La antigua Roma fue testigo del ascenso de los cónsules militares que terminaron por destruir la república. Napoleón Bonaparte empezó como general patriótico y terminó coronándose emperador. Más cerca, en América Latina, basta ver el caso de Bolivia en 2019, cuando las Fuerzas Armadas “sugirieron” la renuncia de Evo Morales: un eufemismo para lo que en el fondo fue un golpe de Estado. ¿Les suena Venezuela con Chávez y Maduro?
Y México no es ajeno a estas tentaciones. Recordemos que Porfirio Díaz también fue general. Y que Victoriano Huerta, otro militar, no tuvo empacho en asesinar a un presidente para ocupar su lugar. Nuestra historia está empapada de sangre derramada por bayonetas patrióticas que juraron salvar a la patria… de los civiles.
Sheinbaum: presidenta nominal, poder prestado.
Aquí aparece otro ángulo espinoso: el de Claudia Sheinbaum. La primera presidenta de México se enfrenta a una paradoja cruel: mientras ocupa el cargo más alto del país, parte sustantiva del poder real está siendo entregada a una institución que, realmente, no depende de ella. ¿Cuánto poder real tiene un gobierno civil si las decisiones estratégicas de seguridad, que afectan todo, desde el turismo hasta la inversión extranjera, son dictadas por militares que responden a su propia jerarquía?
Y si esto fuera poco, pensemos en lo que implica darle libertad y presupuesto sin control civil a una institución que, según la Auditoría Superior de la Federación, ha operado múltiples megaproyectos con opacidad e irregularidades. Si el crimen organizado ha logrado infiltrar a policías municipales y estatales, ¿por qué pensar que no podría hacer lo mismo con estructuras militares con menos vigilancia y más poder?
Conclusión: ¿el precio de la paz?
Nadie niega que México necesita seguridad. Pero la historia nos enseña que cuando el remedio es la militarización absoluta, el resultado es un Estado con botas y sin voz ciudadana. A corto plazo, puede parecer eficaz. A mediano, es riesgoso. A largo, puede ser letal para la democracia.
No se trata de odiar a los militares. Se trata de entender que su función no es gobernar. Y que un país que confía su destino a las armas, corre el riesgo de acabar gobernado por ellas.
