“Un billón de pesos y ni una factura: el presupuesto como piñata electoral”.
Por: Alejandro Flores de la Parra.
Este pasado lunes, desde la mañanera, con el rostro sereno de quien cree tener el control de la situación (y tal vez el Excel a medias), la presidenta Claudia Sheinbaum anunció que, para 2026, su gobierno destinará un billón de pesos a los Programas de Bienestar. Sí, un billón, con “b” de “barata democracia”, lo que equivale al 3% del Producto Interno Bruto y promete beneficiar a 33 millones de personas —el 82% de las familias mexicanas—, sin que hasta ahora sepamos bien quiénes son, cómo se eligen o con qué criterios se distribuye semejante caudal de dinero público.
El anuncio es, en términos políticos, brillante. ¿Quién no querría vivir en un país donde el Estado promete darte dinero directamente, sin intermediarios, sin complicaciones, sin preguntas incómodas? Pero detrás del discurso de justicia social y “pueblo bueno”, lo que tenemos es una gigantesca maquinaria clientelar, un mecanismo de transferencia de recursos sin evaluación técnica, sin padrones públicos confiables y sin reglas de operación estrictas que, si bien puede resultar políticamente rentable, es fiscalmente riesgoso y financieramente insostenible.
Y por si eso no fuera suficiente, hace apenas unos días, la Secretaría de Hacienda, con menos ruido mediático, confirmó la desaparición de 347 programas presupuestarios. Un recorte de 38.9% que, con eufemismos tecnocráticos, se justificó como una búsqueda de “eficiencia”. Traducido al español: menos gasto para lo que importa y más dinero para lo que conviene. Porque mientras los programas sociales directos se inflan como globo de feria, otros sectores fundamentales reciben tijeretazos quirúrgicos.
Por ejemplo:
• Salud: –40.7%
• Medio Ambiente: –40.9%
• Turismo: –55%
• Infraestructura: –60.5%
• Combate a la corrupción: –53.3%
Sí, leíste bien: se recorta a la salud mientras se promete suficiencia en medicamento y se invierte en dádivas; se desmantela el combate a la corrupción, pero se financia a ciegas el asistencialismo. A este paso, lo único que va a sobrevivir con presupuesto, será el boletín de prensa de la Presidencia y los spots en horario triple A.
Porque, además, el dinero que se reparte no viene con brújula. No hay medición seria de impacto, ni indicadores de eficiencia, ni seguimiento real. ¿Resultados? Salvo el programa de adultos mayores —que, hay que decirlo, ha significado un alivio real para millones de personas—, los demás programas sociales no han servido como plataformas de desarrollo, sino como fábricas de dependencia. Manos que se estiran con cada elección y con cada promesa de continuidad.
Y si no, basta recordar el caso SEGALMEX, una olla de corrupción donde se cocinaron fraudes, sobreprecios y desvíos por miles de millones de pesos. ¿Consecuencias? Cero. Nadie en la cárcel, nadie inhabilitado, nadie avergonzado. El dinero desapareció más rápido que los programas de salud mental, y aquí no pasó nada.
Pero claro, repartir dinero da votos, mientras construir hospitales, limpiar ríos o invertir en ciencia no garantiza los “trending topic”. Lo preocupante es que este nuevo diseño presupuestal no es una medida temporal, sino una lógica de gobierno: cambiar inversión pública por gasto político, sustituir el Estado de bienestar por el Estado de bolsillo.
Porque si el 82% de las familias mexicanas van a recibir algo del gobierno, ¿quién va a protestar cuando corten el presupuesto al medio ambiente, a la educación técnica o a la infraestructura? Si todo se convierte en transferencia directa, ¿qué queda del Estado como garante de derechos colectivos y no solo como benefactor en campaña?
Hay algo profundamente perverso en llamar “bienestar” a una estrategia que recorta el futuro para financiar el presente. Es como hipotecar la casa para pagar la fiesta. En 2026 quizá muchos mexicanos tengan un billete en la mano, pero estarán caminando por calles sin pavimentar, respirando aire contaminado, sin medicinas en la clínica y con el riesgo de que el dinero no alcance para el siguiente mes… ni para el siguiente sexenio.
Ya que se esté planeando justo antes del año electoral en el que se van a renovar 16 gubernaturas, es mera coincidencia, pues para junio de 2027, quizá la gente ya no va a votar influenciada por el dinero repartido, desde el bolsillo de los contribuyentes, pero con estampitas de Morena. Guiño, guiño.
Así que sí, un billón de pesos suena bonito. Pero si el presupuesto se maneja como piñata y no como política pública, más que redistribuir riqueza, se estará sembrando pobreza futura, con fertilizante electoral.
Y eso, señora presidenta, no es bienestar. Es pan para hoy buscando votos para siempre.
