Por: Iraí de la Fuente
Reforma laboral: entre el avance y la incertidumbre
Hoy vivimos un momento —que en realidad debió ser siempre así— en el que cada decisión pública debe formar parte de la conversación social, no sólo por nuestro derecho a opinar, sino porque toda determinación que involucra intereses colectivos produce inevitablemente uno de dos efectos: o dignifica a las personas o vulnera su dignidad, más aún cuando se trata de los derechos de la clase trabajadora.
Bajo el escrutinio público, cada decisión debe generar certidumbre y no dudas, pues impacta directamente en la vida cotidiana de mujeres y hombres que buscan trabajar lo necesario, recibir una remuneración justa y disfrutar con sus familias el fruto de cada hora de esfuerzo, confiando en que las determinaciones públicas se traduzcan en estabilidad.
La reciente reforma que establece la reducción gradual de la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales, mediante la modificación del artículo 123 constitucional, se ha presentado como uno de los cambios más relevantes en la política laboral; sin embargo, su propósito aparentemente más humano y sensible comienza a desmoronarse cuando se analiza con detenimiento.
La inquietud de la reforma
Desde una agenda seria de derechos laborales, antes de la aprobación legal de la reforma las y los mexicanos tenian otras expectativas, tales como establecer con toda claridad que por cada cinco días de trabajo deben existir dos días de descanso obligatorios, lo cual no ha sucedido. La segunda inquietud es la relacionada con la ampliación del tope de horas extras laborales, pasando de 9 a 12; es decir, tres horas más.
Todo indica que, con esta reforma, los derechos sociales, al menos en este momento, no se fortalecerán; es más, cualquiera podría decir que, con este proyecto de ley, será mayor el costo que pagará la clase trabajadora que los beneficios que recibirá en un futuro.
El escenario de esta reforma —ahora aprobada por más de la mitad de los congresos locales— proyecta que se está dando un paso adelante y dos hacia atrás, pero no es una expresión en sentido figurado. La propia redacción de la norma lo refleja: mientras se reduce la jornada ordinaria, se amplía el tope de horas extraordinarias. Antes el límite era de 9 horas; ahora será de 12. Es decir, tres horas más.
La implementación gradual de esta reforma genera un escenario de incertidumbre —por no decir sospechoso— que no necesariamente resulta positivo ni para los trabajadores ni para el sector patronal. Si bien la gradualidad pretende evitar una sobreexigencia inmediata y permitir una adaptación progresiva a la nueva jornada, también abre un periodo prolongado de transición que puede traducirse en ajustes operativos, presiones productivas y reacomodos laborales.
Dicho en otras palabras y a manera de ejemplo: en el sector manufacturero, las empresas deberán exigir mayores horas de trabajo a los empleados para mantener su nivel de producción, o bien contratar mayor personal, lo cual implica aumentar la carga de nómina hasta en un 20 % con proyección a 2030. Por su parte, las y los trabajadores deberán aceptar una mayor exigencia laboral para conservar su empleo o, en su caso, renunciar y buscar otras oportunidades que, en el futuro, difícilmente serán mejores que las actuales.
A pesar de los indicios y preocupaciones que han surgido en torno a esta reforma, esperemos que su implementación termine por traducirse en beneficios reales y tangibles, y que las lecturas anticipadas sobre sus efectos se alejen de un triunfo histórico en el discurso y se acerquen al progreso de las condiciones laborales de la clase trabajadora. Por el bien de México, esperemos que así sea.
