Por Ricardo López Pescador
Las cifra registrada del año 2000 a la fecha, de 223 periodistas asesinados y 35 desaparecidos, según datos de las organizaciones “Reporteros Sin Fronteras” y “Artículo 19”, evidencian una crisis que coloca a México como uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo.
La violencia contra los comunicadores significa una amenaza a la democracia. Lo más preocupante es que esta situación ocurre en un país formalmente democrático, donde la libertad de expresión está consagrada en la Constitución y en los tratados en materia de Derechos Humanos, entre los que destaca el de la libertad de expresión. Sin embargo, la realidad cotidiana para periodistas, reporteros, fotógrafos, y columnistas dista mucho de ejercer su profesión con plena confianza, de sentirse protegidos por el Estado.
Son varias las organizaciones nacionales e internacionales que documentan la violencia ejercida contra quienes tienen la misión de informar a la sociedad, reuniendo historias violentas y cifras que reflejan una crisis que va mas lejos de los casos individuales representando un grave desafío para el Estado mexicano, particularmente para las instituciones de justicia.
Cada periodista asesinado o desaparecido representa una voz, una pluma o un microfono silenciado y una parte de la verdad que la sociedad deja de conocer. Los sucesos recientes en Veracruz y Oaxaca, donde fueron asesinados una mujer y un hombre, periodistas ambos, a consecuencia del contenido de sus publicaciones, muestra que la violencia contra el periodismo es tema cotidiano y esta claro que cada suceso de este tipo afecta directamente el derecho de los ciudadanos a estar informados.
La función social del periodismo consiste en investigar, documentar y difundir hechos de interés público. A través de esta labor, los medios de comunicación contribuyen a vigilar el ejercicio del poder político, económico y social; su trabajo profesional es un mecanismo de control democrático que permite revelar actos de corrupción, abusos de autoridad y violaciones a derechos humanos.
El trabajo periodistico apegado a la verdad suele incomodar a quienes buscan actuar en la opacidad, por esta razón muchos han sido amenazados y atacados después de publicar investigaciones relacionadas con corrupción, desvío de recursos públicos o vínculos entre autoridades y grupos criminales. El problema se agrava debido a que las agresiones contra comunicadores no encuentran respuesta efectiva por parte de las instituciones encargadas de impartir justicia. La impunidad se convierte en un incentivo para la repetir dichos actos de violencia, los responsables materiales e intelectuales de los asesinatos y desapariciones no son detenidos ni sentenciados. La ausencia de justicia envía un mensaje peligroso: atacar a un periodista puede quedar impune, no tener consecuencias legales.
Ante tal situación, muchos periodistas optan por evitar ciertos temas para proteger su integridad y la de sus familias, en perjuicio directo de la sociedad que recibe menos información sobre asuntos que son de interés para su vida cotidiana.
La democracia requiere ciudadanos informados; la toma de decisiones colectivas, la participación política y la rendición de cuentas dependen de la existencia de información confiable y accesible. La libertad de expresión no es un privilegio exclusivo de los periodistas, es un derecho humano fundamental que pertenece a toda la sociedad.
Los comunicadores ejercen ese derecho de manera profesional para que las personas puedan conocer hechos de interés público. Por ello, los ataques contra la prensa deben entenderse como agresiones contra la democracia. Silenciar a un periodista significa restringir el derecho social a conocer la verdad.
La sociedad espera que el gobierno garantice las condiciones necesarias para que el periodismo pueda desarrollarse libremente y sin amenazas. Sin periodismo independiente, la sociedad queda expuesta a la desinformación, la manipulación y la opacidad. Una ciudadanía informada desarrolla instrumentos para defender sus derechos, participar en asuntos públicos y exigir mejores políticas gubernamentales.
A la luz de la compleja realidad resulta indispensable fortalecer las instituciones y las organizaciones encargadas de proteger a periodistas, promover una cultura de respeto a la libertad de expresión y generar condiciones que permitan el ejercicio libre e independiente de la profesión.
Una sociedad más libre, más informada y con mejores oportunidades de desarrollo depende de que quienes investigan y difunden la información, puedan realizar su trabajo sin amenazas, sin miedo y con la certeza de que el Estado protegerá su derecho a informar y el derecho de la ciudadanía a estar informada. Gobierno que no protege la libertad de expresión y a quienes tienen la misión de informar, se aleja de los principios democráticos, con el riesgo que ello implica.
