“Normalizar los programas sociales permite fortalecer su legitimidad, evitar su uso clientelar y construir una relación más equitativa entre el Estado Mexicano y la ciudadanía, basada en condiciones objetivas y no en voluntades particulares”, consideró la diputada Ana María Durón Pérez.
A nombre del Grupo Parlamentario del PRI, la legisladora destacó que los programas sociales son mecanismos de redistribución del ingreso y de compensación social, orientados al desarrollo social sostenible y al cumplimiento de los objetivos de bienestar colectivo, particularmente en beneficio de los sectores que se encuentran en situación de vulnerabilidad.
“En palabras claras, los programas sociales existen para mejorar las condiciones de vida de la población y para reducir la pobreza y la desigualdad en sectores de alta prioridad”, subrayó Durón Pérez. Reconoció que, si bien muchos ciudadanos tienen claro que los beneficios sociales constituyen un derecho, persiste una práctica desafortunada de irresponsabilidad y clientelismo, en la que personas o grupos intentan convertir estos apoyos en moneda de cambio político, vulnerando la dignidad ciudadana y debilitando la democracia.
La diputada recordó que los apoyos sociales no son una política reciente ni exclusiva de los gobiernos actuales, sino que han formado parte de la acción pública en México desde hace décadas. Sin embargo, advirtió que en los últimos años se ha reforzado una percepción errónea que presenta a los programas sociales como favores, cuando en realidad derivan de derechos reconocidos en la Constitución y las leyes.
Al respecto, Durón Pérez señaló la necesidad de iniciar un proceso de normalización de los programas sociales, entendido como la consolidación de una visión social que los reconozca plenamente como derechos exigibles y no como instrumentos de intercambio político.
