POR: DIONEL SENA
UN ABOGADO… IMPEDÍA DESTRABAR EL CONFLICTO DE LOS MAESTROS INDÍGENAS.
Esta semana trascendió el verdadero trasfondo del conflicto que maestros indígenas mantenían en Durango, concretamente a las afueras de la Secretaría de Educación del Estado, pues reconocieron que fueron manipulados por el abogado que llevaba su caso y quien evidentemente, trató de aprovecharse de la situación, hasta que sus intenciones quedaron al descubierto, pues exigía pagos de laudos y quinquenios que no le correspondían al estado hacer.
Según los datos vertidos por el Secretario de Educación, Guillermo Adame Calderón, todo esto surgió a partir de las manifestaciones realizadas por docentes de la región indígena de la entidad y del orden federal, a las afueras de la institución, quienes exigían dichos pagos que era un problema heredado de ocho años atrás y en donde personajes de todos conocidos, se aprovecharon de la situación, lo que provocó que se pagaran quinquenios sobre quinquenios, cuando no le correspondía al gobierno del estado hacerlo al ser maestros del orden federal.
Según Adame Calderón, fue el abogado Miguel Godinez quien manipuló a los docentes indígenas, los cuales, aclaró, nunca actuaron con dolo, sin embargo, el litigante los invitó a movilizarse, haciéndoles creer que estaban en su legítimo derecho de exigirle a la autoridad estatal el pago de laudos, cuando la injerencia es totalmente de la Federación, engaño en el que cayeron los maestros y fue ese el motivo por el que el conflicto de prolongó más de la cuenta, hasta que se percataron del engaño del abogado en mención.
Por lo anterior y por indicaciones del gobernador Esteban Villegas, el titular de la SEED y una comisión de docentes, se reunieron en la Ciudad de México con el titular de la Dirección General del Sistema de Administración de la Nómina Educativa Federalizada (FONE), Gilberto Girón Méndez, quien les hizo ver a los maestros, la imposibilidad de cubrir ese adeudo, por distintas disposiciones legales, como estar fuera del presupuesto de la nómina federal, excluyendo al gobierno del estado actual de dicha responsabilidad.
