POR: DIONEL SENA
LA NUEVA LEY DE AGUAS… ¿UNA EXPROPIACIÓN DISFRAZADA?
La madrugada de este jueves, la Cámara de Diputados aprobó en lo general, la Ley General de Aguas con 328 votos a favor, 131 en contra y cinco abstenciones, aval que marcó el avance decisivo de la reforma que a su vez ajusta la antigua Ley de Aguas Nacionales, y que ahora debe pasar al Senado para su ratificación final, lo que pareciera será un mero tramite por lo que han adelantado algunos senadores.
La discusión legislativa estuvo rodeada de protestas, pues agricultores de varios estados del país, llegaron con tractores hasta las puertas de San Lázaro, para expresar su rechazo, acompañados de bloqueos y manifestaciones, pues denuncian que la nueva norma pone en riesgo su acceso al agua, su producción y el patrimonio de muchas familias rurales, algo que la 4T niega tajantemente.
El debate ocurrió mediante un procedimiento exprés, pues la reforma se aprobó en comisiones con rapidez y la mayoría modificó el orden del día para llevarla al pleno sin demoras, urgencia que desee luego, fue criticada por la oposición, que calificó la maniobra como un “fast-track” legislativo, ajeno a la seriedad que exige un tema de semejante magnitud.
En el fondo, la reforma pretende redefinir el régimen de concesiones, asignaciones, explotación y distribución del agua en México, es decir, se elimina la transmisión automática de derechos de agua al vender o heredar tierras, y también se establecen sanciones severas —multas y hasta prisión— para quien ceda concesiones de agua sin autorización. Sus promotores aseguran que con la nueva ley se pretende evitar abusos, acaparamientos y sobreexplotación, y garantizar que el agua sea reconocida como un bien colectivo.
Sin embargo, muchos campesinos y organizaciones del campo interpretan la reforma como una afrenta: la califican de “expropiación disfrazada”, pues afecta derechos adquiridos, pone en riesgo la viabilidad del campo y concentra el control del agua en manos del Estado, por lo que el ambiente que se vivió en San Lázaro —con tractores, protestas, gritos y tensión— es síntoma de una profunda fractura entre las élites políticas y el sector rural que por décadas, ha dependido del agua para sobrevivir.
Ahora todo está en manos del el Senado, el cual se convierte ahora en un punto decisivo, es decir, si la nueva ley se ratifica, no basta con fiscalizar concesiones abusivas: el desafío real será garantizar el acceso justo al agua, preservar la seguridad alimentaria nacional y salvaguardar, el patrimonio de los pequeños productores. De no hacerlo, lo aprobado ayer podría transformarse en un lastre para la credibilidad del Estado ante millones de ciudadanos rurales.
