POR: DIONEL SENA
DENUNCIAN PISOTEO DE DERECHOS LABORALES EN LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN.
Algo ocurre en la Secretaría de Educación del Estado de Durango, pues este lunes integrantes del SNTE en su Sección 12, decidieron denunciar ante de medios de comunicación, las graves anomalías que están ocurriendo en esa dependencia, tal es el caso de la eliminación de los permisos sin goce de sueldo que han marcado un punto de quiebre en el clima laboral, pues lo que se prometió como orden y eficiencia, se ha traducido, en los hechos, en incertidumbre, presión constante y un ambiente de amenaza.
Según las denuncias a las cuales se hace referencia y – bajo la bandera del “reordenamiento administrativo” y la supuesta “nómina inflada” – se instaló una narrativa que criminaliza al personal de base. Sin embargo, ese discurso no vino acompañado de justicia ni de transparencia, sino de advertencias de cambios arbitrarios, retiro de plazas y decisiones que parecen diseñadas más para intimidar que para mejorar el funcionamiento del sistema educativo.
La incongruencia es evidente cuando se observa que, mientras se aprieta a los de abajo, el reordenamiento aparentemente ha beneficiado al círculo cercano de quien funge como secretario de educación, pues mandos medios y superiores han sido favorecidos con plazas administrativas, muchas asignadas a colaboradores, allegados e incluso familiares. El ajuste, queda claro, no fue parejo: fue selectivo y profundamente desigual a decir de fuentes que pidieron guardar el anonimato por temor a represalias.
Este nuevo conflicto escaló cuando a más de 160 trabajadores se les negó, sin sustento legal, la prórroga de licencia por comisión sindical, un derecho plenamente establecido en la ley. Esta decisión no sólo busca debilitar a la organización sindical, sino que ha dejado a más de 150 familias en una angustiante incertidumbre económica, al impedir la tramitación de interinatos que por años sostuvieron el funcionamiento de las escuelas.
Hablar de austeridad mientras se atropellan derechos laborales, se estigmatiza al magisterio con acusaciones sin pruebas y se envía el mensaje de que ya no vale la pena estudiar para maestro, es una señal alarmante. Defender la educación pública implica, necesariamente, respetar la ley, transparentar las decisiones y garantizar dignidad y estabilidad a quienes la sostienen todos los días. Lo demás es simulación.
Habrá que ver hasta donde escala el tema, pues hasta ayer por la noche, los maestros no quitaban el dedo del renglón y al parecer, están dispuestos a llegar hasta las últimas consecuencias, incluso, si eso incluye la destitución de los directamente responsables de lo que está ocurriendo en esa dependencia, prácticas que distan mucho de lo que predica el jefe político estatal, mismo que incluso pudiera llegar a tomar medidas, sino se atiende esta demanda.
