¿Se pondrá freno a los abusos en el regreso a clases?
Por: Juvenal Rosales Flores
El inicio del ciclo escolar 2025-2026, marcado para el 1 de septiembre, representa un reto económico para miles de familias duranguenses. La compra de útiles, uniformes, las cuotas escolares y otros materiales se convierte en una carga pesada para el bolsillo, especialmente en un contexto donde la inflación sigue presionando la canasta básica.
En este escenario, la Profeco en Durango ha lanzado un mensaje muy preciso en el sentido que ninguna escuela puede obligar a los padres a comprar artículos en lugares específicos ni imponer proveedores.
Este señalamiento cobra especial relevancia en el caso de las escuelas privadas o dentro del Sistema CADI, donde históricamente se han generado prácticas que condicionan la compra de útiles o uniformes a determinados proveedores señalados por la propia institución. Una medida que, además de vulnerar la libertad de elección de los padres, eleva los costos sin justificación real.
La advertencia de Profeco marca una línea de defensa para las familias, pero también abre el debate sobre la necesidad de mayor regulación y acompañamiento en el proceso educativo. ¿Hasta dónde puede intervenir la autoridad en decisiones que, en apariencia, quedan en manos de acuerdos internos entre directivos y proveedores?
En este contexto, cobra importancia el papel de la Asociación de Padres de Familia, encabezada por Carlos Ramírez. Su responsabilidad no es menor; ya que debe ser un puente de comunicación entre las autoridades, las escuelas y los padres, garantizando que se respeten los derechos de los consumidores y que se eviten abusos.
La asociación puede y debe asumir una voz más fuerte. En un regreso a clases marcado por la incertidumbre financiera, esta agrupación tiene la oportunidad de convertirse en verdadero contrapeso frente a las decisiones de algunas instituciones educativas.
Por su parte, la Secretaría de Educación del Estado de Durango (SEED) también juega un rol central; tiene el reto de coordinar esfuerzos con la Profeco, de tal manera que exista una estrategia integral para atender denuncias y, sobre todo, prevenirlas. En un sistema educativo que depende de la confianza, es indispensable que los padres perciban reglas claras y autoridades presentes.
En paralelo, el Gobierno del Estado ha impulsado un programa que ha marcado la diferencia en los últimos años; la entrega de útiles y uniformes gratuitos para estudiantes de educación básica. Esta política pública alivia de manera significativa la presión sobre las familias, sobre todo en las zonas rurales y en los sectores de menores ingresos.
El programa no sólo tiene un efecto económico, también envía un mensaje de equidad, en donde todos los niños, sin importar su condición social, tienen acceso a los mismos materiales para iniciar el ciclo escolar. Se trata de un factor de dignidad que contribuye a reducir las brechas entre los estudiantes.
No obstante, este esfuerzo gubernamental debe complementarse con una vigilancia estricta a las escuelas privadas y públicas que pretendan imponer gastos adicionales. De nada sirve que el Estado alivie la carga con uniformes gratuitos si, por otra parte, algunos colegios o escuelas exigen pagos injustificados a los padres.
El regreso a clases, en suma, es una prueba para todos los actores; los padres, que deben ejercer sus derechos; la Asociación que los representa, que debe ser firme; la SEED, que debe garantizar un entorno justo; y el gobierno, que ya ha puesto de su parte con programas sociales.
