Por: Alejandro Flores de la Parra.
“Anticorrupción con departamento invisible”.
Raquel Buenrostro y la geometría variable de la transparencia.
En México, la ironía tiene la mala costumbre de disfrazarse de nota oficial. En un país donde la transparencia se convirtió en eslogan y no en práctica, la encargada de velar por la honestidad gubernamental —Raquel Buenrostro Sánchez, titular de la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno— acaba de protagonizar un episodio digno de un manual de contradicciones: vendió un departamento por 9 millones 400 mil pesos… pero jamás lo declaró en sus reportes patrimoniales previos.
El portal Emeequis documentó que la funcionaria presentó su declaración de modificación patrimonial correspondiente a 2025, recibida el 30 de mayo. En ella, reportó ingresos superiores a 9 millones de pesos por la venta de un inmueble. El problema es que ese mismo inmueble no aparece en ninguna de sus declaraciones de 2018 a la fecha. Es decir, Raquel Buenrostro vendió algo que oficialmente nunca tuvo.
Y no, no se trata de un truco contable o de un agujero negro inmobiliario. Se trata de una omisión que, viniendo de la principal autoridad anticorrupción del país, resulta tan simbólica como inquietante.
Los números no mienten… aunque a veces callan.
De acuerdo con su propia declaración, Buenrostro gana 1 millón 903 mil pesos anuales netos como titular de la Secretaría Anticorrupción. Nada mal: unos 158 mil pesos al mes, lo que la coloca entre los funcionarios mejor pagados del gabinete. Pero en el apartado de “otros ingresos”, la cifra se dispara a 9 millones 145 mil pesos, de los cuales 8 millones 850 mil provienen de la venta de un inmueble y un vehículo.
Hasta aquí, todo parecería normal si no fuera porque el inmueble de 149 metros cuadrados —ubicado en una de las zonas más caras de la capital— nunca figuró en sus reportes patrimoniales anteriores. En 2018, 2019, 2020, 2021, 2023 y 2024, el departamento simplemente no existía. Aparece mágicamente en 2025, justo cuando se vende. El sueño de cualquier prestidigitador fiscal.
El documento, según Emeequis, indica que la operación se realizó el 7 de mayo de 2024, mediante crédito, con un valor total de 9.4 millones de pesos. Y aunque la compradora es una persona física sin mayor información, el dato relevante es la opacidad de origen: ¿cuándo y cómo adquirió Buenrostro un departamento de ese valor? ¿Por qué nunca se reflejó en sus declaraciones anteriores?
La paradoja del discurso.
El caso resulta emblemático porque encarna la paradoja fundacional de la autoproclamada Cuarta Transformación: predicar la moral pública con los pies hundidos en el lodo de la opacidad. La Secretaría Anticorrupción fue creada como emblema del “nuevo gobierno ético”, una suerte de policía interna del alma burocrática. Pero cuando su propia titular omite declarar una propiedad millonaria, el relato se desmorona como catálogo de bienes raíces sin notario.
En el fondo, el caso Buenrostro no se trata solo de una omisión patrimonial; se trata del desgaste simbólico de la lucha anticorrupción. Lo mismo ha ocurrido con otros cuadros de la 4T: el senador Gerardo Fernández Noroña, que declaró estar comprando una casa en Tepoztlán por 12 millones de pesos, o Adán Augusto López, cuyas declaraciones fiscales y patrimoniales de 2023-2025 fueron cuestionadas por comités ciudadanos. Todos ellos niegan irregularidades, claro, pero las coincidencias huelen más a impunidad que a perfume institucional.
La moral pública como espectáculo.
En el teatro político mexicano, la moral suele subirse al escenario solo para saludar. Desde el púlpito de Palacio Nacional se repite que “ya no somos iguales”, que los nuevos funcionarios “no roban, no mienten, no traicionan”. Pero los hechos narran otra historia, una donde los valores se recitan en conferencia de prensa mientras los bienes se registran —o se borran— en los márgenes de una declaración patrimonial.
La comedia de la transparencia tiene un libreto predecible: primero, un funcionario omite un bien; luego, los medios lo descubren; después, el implicado lo atribuye a un “error administrativo”; y al final, nada pasa. La novedad es que esta vez la protagonista es la jefa de anticorrupción. Si esto fuera una serie de Netflix, se titularía “Ministerio del Doble Discurso: casos de corrupción sin corrupción”.
La dimensión política del silencio.
El silencio oficial ante el caso es tan elocuente como el departamento no declarado. Ni la Secretaría de la Función Pública ni la Presidencia han emitido postura alguna. Y eso, políticamente, dice mucho. Porque cuando el gobierno no defiende, tampoco desmiente; simplemente deja que la duda se pudra sola.
De acuerdo con cifras del INEGI, el 70% de los mexicanos considera que la corrupción está muy extendida en el gobierno. Y según Transparencia Internacional, México ocupa el puesto 126 de 180 países en el Índice de Percepción de la Corrupción (2024), compartiendo vecindario con estados frágiles y economías autoritarias. En ese contexto, un caso como el de Buenrostro no es solo un desliz burocrático: es una bofetada simbólica a la promesa de regeneración moral.
El costo de la incoherencia.
La política moderna no se mide ya solo por resultados, sino por coherencia. Y en ese terreno, la 4T vive en permanente contradicción. Se exige transparencia, pero se ocultan propiedades. Se presume austeridad, pero se compran casas de ocho cifras. Se castiga la corrupción… salvo cuando lleva credencial de partido.
Lo más grave no es la venta del departamento, sino el mensaje que envía: la integridad se volvió selectiva. La “honestidad valiente” ya no es un principio, sino un eslogan en descuento. Y en un país donde más del 44% de los ciudadanos asegura haber pagado un soborno para acceder a un servicio público (dato de Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental 2023 del INEGI), la idea de una Secretaría Anticorrupción con bienes ocultos suena a chiste cruel.
El depa que no existía.
La transparencia en México parece funcionar con la lógica de los espejos: todo se ve, pero al revés. Mientras el gobierno presume un “buen gobierno”, los ciudadanos observan cómo los guardianes de la ética venden departamentos fantasma.
El caso de Raquel Buenrostro no prueba culpabilidad, pero sí exhibe inconsistencia. Y en política, la inconsistencia pesa tanto como la corrupción misma. Porque quien exige cuentas debe, primero, rendirlas.
Al final, quizá el verdadero problema de la Secretaría Anticorrupción no es que su titular tenga un departamento invisible, sino que el país entero se acostumbre a no verlo. Y mientras eso ocurra, la moral pública seguirá siendo, como el famoso inmueble de Buenrostro, una propiedad sin registro… pero con un precio altísimo.
