Por: Juvenal Rosales Flores
Por una salud de resultados, no de discursos.
Hace unos días la presidenta de México dio el anuncio que el registro del Sistema Universal de Salud dará inicio en enero del 2026, lo cual abrió un nuevo capítulo en la discusión sobre el derecho a la atención médica. En Durango, los diputados priistas reconocieron la intención del gobierno federal de avanzar hacia un modelo más incluyente, mientras que desde Morena surgieron críticas por la negativa del estado a incorporarse al esquema del IMSS-Bienestar.
La idea de un sistema universal es, sin duda, ambiciosa. Pero su éxito dependerá de que las palabras se traduzcan en hechos concretos, en inversiones palpables que fortalezcan la infraestructura hospitalaria y la capacidad médica en cada rincón del país. Ningún sistema de salud puede sostenerse solo con voluntad política; necesita planeación, financiamiento y resultados medibles.
Recordemos que el gobernador Esteban Villegas Villarreal ha sido claro al explicar que la no adhesión de Durango al IMSS-Bienestar no obedece a presiones políticas ni a una postura de rechazo, sino a un análisis técnico, médico y responsable ante un modelo nacional de salud que, en su implementación, ha generado complicaciones en otras entidades.
Incluso, hay actores políticos dentro del Partido Acción Nacional que reconocen que el gobernador fue contundente al señalar que en algunos estados que ya se sumaron al esquema de salud federal no se han presentado mejorías visibles. Siguen faltando medicamentos, hay consultas suspendidas y persiste el desabasto, sin que la llamada mega farmacia nacional haya resuelto el problema que prometía corregir. La prudencia, en este caso, parece una virtud y no un obstáculo.
El reto de contar con un Sistema Nacional de Salud no menor. Un proyecto de esta magnitud requiere un presupuesto transparente, suficiente y sostenido, que refleje la buena intención del gobierno, no un intento por maquillar cifras o aparentar avances. En un país donde aún se padecen carencias de personal médico y desabasto de medicamentos, la salud de los mexicanos no puede convertirse en un ejercicio de simulación.
México ha logrado avances en la reducción de la pobreza, pero esa mejoría convive con una contradicción evidente, millones de personas siguen sin acceso efectivo a servicios de salud. Por ello, la credencialización universal anunciada no debe convertirse en un recurso burocrático o en una estrategia para engrosar padrones.
Mientras otros entregaron su sistema de salud al gobierno federal, Durango, junto a otros siete estados de la República, decidió fortalecer el suyo. Los resultados lo confirman, los estados que no se sumaron al IMSS-Bienestar superan en 9 de 15 indicadores nacionales de salud a los que sí lo hicieron. No se trata de una percepción, sino de datos que revelan un modelo más eficiente, más cercano y con mejores resultados para la gente.
En esos indicadores, Durango destaca con mayor presupuesto estatal destinado a salud, más consultas y atención especializada, menor mortalidad general e infantil, más vacunación infantil, menor carencia en servicios médicos y de seguridad social, y menor gasto de bolsillo en salud. En contraste, las entidades que centralizaron sus servicios bajo el esquema federal registraron aumentos en la mortalidad materna e infantil, a pesar de contar con más médicos, enfermeras y consultorios.
El estado demuestra que invertir con responsabilidad y mantener la autonomía sí da resultados. No es una negativa política, sino una defensa del modelo estatal que ha probado ser funcional y que puede dialogar con la federación desde la evidencia, no desde la imposición.
Los priistas en el Congreso de Durango y en voz del diputado Noel Fernández Maturino han llamado a que el proyecto federal se consolide con recursos y no con discursos. Plantean que la universalidad debe garantizarse en los hechos, no en indicadores fabricados desde las oficinas centrales. Porque, como advierten, no se puede hablar de un sistema de salud fuerte mientras el Presupuesto de Egresos de la Federación proyecta nuevos recortes a los estados.
La salud no puede seguir siendo la variable de ajuste del gasto público ni el instrumento de disputa partidista. Debe convertirse en la prioridad nacional, respaldada por políticas públicas coherentes, evaluables y sostenibles. La universalidad solo tendrá sentido si se refleja en la vida cotidiana de las familias mexicanas.
Detrás de cada estadística hay una historia humana, una madre que busca tratamiento, un niño que necesita una vacuna, un adulto mayor que espera sus medicamentos. Ellos son el verdadero rostro de la política pública, y por ellos debe juzgarse la eficacia de cualquier sistema de salud.
La verdadera transformación del país llegará cuando ningún ciudadano tenga que elegir entre su salud y su economía. Ese será el momento en que el Estado Mexicano haya cumplido con su obligación más elemental, proteger la dignidad y la vida de todos los mexicanos.
