“Plan B” debilitará al municipio y al Congreso del Estado.
Por:Juvenal Rosales Flores
El llamado “Plan B” impulsado desde la federación ya se convirtió en un tema de fondo que, bajo el argumento de austeridad, está reconfigurando el equilibrio de poder en los estados y municipios; donde el ayuntamiento de Durango será uno de los principales afectados, así como el Congreso del Estado.
El problema es que el discurso está cuidadosamente diseñado para que nadie se atreva a criticarlo sin pagar un costo político. ¿Quién podría oponerse a “quitar privilegios”? Sin embargo, en política el diablo está en los detalles, una cosa es eliminar excesos y otra muy distinta es reducir la capacidad institucional de los estados.
En la actualidad, el ayuntamiento encabezado por Toño Ochoa cuenta con 17 regidores distribuidos entre PRI, PAN, Movimiento Ciudadano, Morena y PT. Es decir, un cabildo plural, con representación política diversa, que, aunque con tensiones obliga al diálogo y al contrapeso.
Sin embargo, el “Plan B” propone reducir el número de regidurías a un rango de entre 7 y 15, cuando concluya la actual administración. En términos simples, menos voces, menos vigilancia, aunque en este caso no necesariamente serán los regidores de Morena y PT; ya que dependerá del numero de votos que saque cada partido.
De acuerdo con lo pactado, el número de regidores se disminuirá, pero siempre se contará con regidurías de representación proporcional para que las minorías tengan voz y voto en las decisiones de política pública.
El tema se vuelve delicado cuando se aterriza en el Congreso del Estado, el “Plan B” establece que el presupuesto de los congresos estatales no podrá exceder el 0.70% del egreso de la entidad, medida que suena atractiva para la narrativa de austeridad, pero que abre una pregunta inevitable. ¿cómo legislar con independencia cuando el presupuesto se convierte en herramienta de control?
En Durango ya existe preocupación, porque actualmente el Poder Legislativo recibe el 1.05% del presupuesto estatal, y con esta reforma podría reducirse al 0.70%. Un golpe financiero que debilitaría directamente la capacidad operativa de asesores, áreas administrativas y del personal de confianza y sindicalizados.
En otras palabras, el “Plan B” no solo ajusta números, ajusta estructuras de poder, Debilita al municipio y también al Congreso. Y cuando se debilitan los contrapesos locales, quien se fortalece es el poder central, particularmente el que se ejerce desde la federación y desde el partido dominante.
De hecho, el diputado federal por Durango, Arturo Yáñez Cuéllar, ha señalado que la supuesta austeridad de Morena es “puro discurso”, pues mientras se recortan presupuestos a municipios y congresos, se han destinado recursos extraordinarios a las obras insignia de la 4T.
El ejemplo más repetido es el Tren Maya, donde el gasto ha superado cifras que rebasan cualquier planeación inicial. Yáñez Cuéllar lanza una frase que retrata el sentir de muchos gobiernos estatales: “ya quisiéramos mil millones para Durango”.
Porque mientras se ajustan presupuestos a los estados bajo la bandera de “acabar con privilegios”, el gasto federal se concentra en megaproyectos, muchos de ellos lejos del norte del país, lo que alimenta la percepción de un centralismo disfrazado de justicia social.
Lo que se empieza a construir es un modelo político donde la federación decide prioridades, recursos y estructuras, mientras los estados y municipios quedan reducidos a operadores administrativos sin capacidad real de maniobra. Ese es el punto que la oposición señala como el riesgo mayor: la concentración de poder.
No es casualidad la advertencia de que la 4T trabaja para que Morena se convierta en un partido único. Porque si reduces regidores, si limitas presupuestos de congresos y si debilitas institutos electorales locales, también reduces la capacidad de fiscalización y de competencia política real.
Mientras tanto, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo celebró que “la esencia del Plan B ya es constitucional”, luego de ser avalado por al menos 20 congresos estatales; además enumeró como logros la no reelección, el combate al nepotismo, la reducción de recursos a congresos estatales, la reducción de regidores, el fin de pensiones doradas y la eliminación de bonos y seguros médicos para consejeros y magistrados electorales.
En Durango, el “Plan B” puede significar menos representación, menos recursos y menos autonomía; y cuando un estado pierde fuerza institucional, el poder no desaparece, simplemente cambia de manos.
