La irrupción que exhibió la simulación del foro de la Reforma Electoral.
Por: Juvenal Rosales Flores
En Durango se realizó el único foro estatal de la llamada Reforma Electoral impulsada por la Comisión Presidencial del Gobierno de México, un ejercicio que desde su anuncio despertó dudas sobre su autenticidad. Más que una consulta abierta, pareció un proceso ya definido en la Ciudad de México y replicado en los estados solo para cumplir un requisito.
Lo ocurrido en Durango no hizo más que confirmar esa percepción, un foro controlado, con pocas propuestas y un rígido manejo del programa, pero donde aun así la ciudadanía logró hacerse escuchar ante académicos y magistrados, al presentarse la única propuesta verdaderamente ciudadana “Legislador Ciudadano”, elaborada por el Colectivo Ciudadano de Durango que encabeza Jesús Diez.
Aunque la ponencia se inscribió en tiempo y forma y recibió confirmación oficial, los organizadores intentaron relegarla hasta el final e incluso bloquear su exposición. El enviado presidencial, José Antonio “Pepe” Merino, fungió como moderador y guardian de un guion que parecía resistirse a cualquier participación que no fuera parte del libreto. Solo la insistencia pública del Colectivo impidió que la voz ciudadana fuera silenciada.
La tensión del foro llegó al final, cuando Merino anunció que se cerraría la sesión sin permitir la exposición ciudadana, pero el representante del Colectivo Jesús Diez se levantó, lo encaró y le recordó con firmeza que su participación había sido confirmada.
Esa presión pública obligó a “Pepe” a ceder, visiblemente molesto. En la sala, figuras como la senadora Margarita Valdez no ocultaron su incomodidad ante el rompimiento del guion.
La propuesta presentada fue una demanda clara por recuperar la esencia democrática del sistema electoral, que inició con la exigencia de un árbitro justo, consejeros del INE, jueces y magistrados sin vínculos partidistas ni pasados ideológicos que comprometan sus decisiones. Se pidió que estas autoridades apliquen de forma estricta el principio de imparcialidad, lejos del activismo y de las afinidades políticas que, aunque se nieguen, siguen contaminando decisiones electorales en distintos niveles.
Otro punto central fue la necesidad de establecer una cancha pareja. La propuesta sugiere un nuevo modelo de financiamiento del 50 por ciento igualitario para todos los partidos y 50 por ciento proporcional a la votación obtenida. Esto permitiría reducir ventajas estructurales sin desvirtuar la pluralidad política.
El presentante del Colectivo Ciudadano en Durango, consideró que la competencia electoral nunca podrá ser equitativa si el dinero continúa distribuyéndose en función de viejas fórmulas diseñadas para beneficiar a las fuerzas dominantes.
Asimismo, se demandaron reglas claras. Sanciones firmes contra precampañas y campañas anticipadas, igualdad de tiempos en medios impresos y digitales para todos los partidos y un mínimo del 20 por ciento para candidaturas independientes. También se pidió que la fiscalización sea verdaderamente transparente y accesible, no un laberinto técnico donde solo los especialistas entienden qué se revisa y a quién se sanciona.
La propuesta incluyó un apartado contundente sobre la necesidad de expulsar todo tipo de delincuencia del ámbito electoral. No solo el crimen organizado, sino también el financiamiento ilícito disfrazado de aportaciones personales, la coacción laboral, las tarjetas de compra de votos, las presiones a funcionarios y toda clase de intromisiones de origen oscuro. Se plantearon sanciones y nulidad inmediata de procesos cuando se compruebe este tipo de injerencias, así como la obligación de fiscalizar desde el inicio del proceso, no solo al final, como ocurre ahora.
Uno de los temas que más eco generó fue el combate al chapulineo, por ello, el colectivo propuso una ruta gradual, en el primer año, si un legislador abandona al partido que lo postuló, debe perder el cargo para que lo asuma el suplente. En el segundo año, puede renunciar a su partido, pero tendría que permanecer como independiente sin sumarse a otra fracción. En el tercer año se propone una sanción económica y la posibilidad de integrarse a otra bancada. El objetivo es frenar una práctica que traiciona a los votantes y manipula la representación legislativa según conveniencias personales o cuotas de poder.
También se cuestionó de fondo la sobrerrepresentación. El Colectivo señaló que la ley permite distorsiones que convierten minorías en mayorías artificiales mediante coaliciones infladas y asignaciones discrecionales de plurinominales. Propusieron poner un tope al número de representantes por coalición, evitar que quienes postulan más del 50 por ciento de distritos superen los 300 espacios de mayoría relativa y que las 200 diputaciones plurinominales se asignen estrictamente conforme a la votación real. Advirtieron que las listas deben definirse por encuestas y méritos, no por cuotas, cercanías o amiguismo.
Durango dejó, así, el mensaje más importante del día. La reforma electoral avanza desde arriba, sin intentar ocultar demasiado su carácter centralizado y su intención de reproducirse en todos los estados como un trámite. Pero aun dentro de esa estructura rígida.
Sabemos que no cambiará la ruta nacional, pero sí dejó constancia de que los duranguenses no están dispuestos a aceptar reformas hechas para la foto y más en tiempos donde la democracia se usa más como escenografía que como sustancia. Y Durango quedó registrado como el lugar donde la simulación no pasó sin ser interpelada.
