POR: LILY ORTIZ
No son cifras: son ausencias
México no necesita que organismos internacionales le expliquen su tragedia, pero sí necesita que alguien la diga sin rodeos; el reciente pronunciamiento de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre la crisis de desapariciones en el país no revela algo desconocido; confirma, con el peso de la observación internacional, una realidad que miles de familias viven todos los días: la ausencia convertida en rutina y la impunidad como constante.
Las cifras que superan ya las 100 mil personas desaparecidas no surgieron de una narrativa opositora ni de un cálculo político; son datos construidos en gran medida con registros oficiales del propio Estado mexicano, acumulados durante años, sí, pero también alimentados por una crisis que sigue vigente. Y ahí radica el punto que incomodó al Gobierno Federal: no es un problema del pasado, es un problema del presente.
La reacción fue inmediata y predecible, y es que en lugar de asumir la dimensión del señalamiento, la respuesta se centró en descalificar el enfoque, matizar los datos y, sobre todo, deslindar responsabilidades. La narrativa oficial apostó por una línea ya conocida: “no es de este gobierno”. Pero la propia ONU fue clara al precisar que su análisis no se limita a un periodo específico, sino que responde a una evaluación estructural de largo aliento, con elementos actuales.
Ese contraste entre diagnóstico y respuesta exhibe una falla más profunda que la propia crisis: la incapacidad del poder para reconocerla sin reservas.
Porque cuando un gobierno prioriza el control del discurso sobre la atención del problema, la política deja de ser herramienta de solución para convertirse en mecanismo de defensa. Y en temas como la desaparición de personas, esa postura no sólo es insuficiente, es moralmente insostenible.
Más preocupante aún es la reacción de actores políticos que han decidido llevar el tema al terreno partidista; la dirigencia Nacional de Morena, lejos de contribuir a un debate serio y responsable, optó por responder en clave política, como si se tratara de un intercambio de posiciones electorales, esto es un error grave; los desaparecidos no admiten banderas, ni colores, ni discursos de conveniencia.
Porque aquí no estamos hablando de números. Estamos hablando de padres que no regresaron, de hijas que siguen siendo buscadas, de familias que viven en pausa. Cada cifra encierra una historia interrumpida y una red de afectos rota, reducir esa realidad a una disputa de narrativas es, en el mejor de los casos, una muestra de insensibilidad; en el peor, una forma de normalización.
La ONU no acusa por consigna, advierte por obligación; y lo que advierte es una crisis estructural: instituciones rebasadas, investigaciones incompletas y una impunidad que perpetúa el problema. Negar ese diagnóstico no lo desactiva, sólo lo profundiza.
México enfrenta una de sus mayores deudas con la sociedad; y no, no se va a saldar con discursos defensivos ni con la fragmentación de responsabilidades entre administraciones. Se requiere reconocimiento pleno, voluntad política real y, sobre todo, empatía con quienes siguen buscando.
Y en esa distancia entre el discurso y la realidad es donde se pierde, todos los días, un poco más de país.
