Gasolina contenida, inflación latente: el delicado equilibrio entre política y mercado.
Por: Alejandro Flores de la Parra.
En política económica, pocas tentaciones son tan recurrentes —y tan riesgosas— como la de intentar domesticar los precios por decreto o por acuerdo. Esta semana, la presidenta Claudia Sheinbaum volvió a colocar sobre la mesa una estrategia que, si bien busca proteger el bolsillo de las familias mexicanas, también exhibe las tensiones estructurales de una economía expuesta a factores que ningún gobierno controla del todo: los mercados internacionales, los costos logísticos y, por supuesto, la realidad productiva interna.
El llamado a los gasolineros para “anclar” los precios de la gasolina y el diésel —24 y 28 pesos por litro, respectivamente— se presenta como un acto de responsabilidad compartida. En el discurso, nadie debería aprovecharse de la coyuntura. En la práctica, sin embargo, la economía no suele responder a exhortos morales. Responde a incentivos, costos y riesgos.
El dato es revelador: el gobierno federal está dejando de recaudar alrededor de 5 mil millones de pesos semanales vía estímulos al IEPS. Es decir, el precio “contenido” no es gratuito; se financia con recursos públicos. Dicho de otro modo, lo que el consumidor no paga en la estación de servicio, lo termina pagando —de forma diferida y menos visible— el erario. Y, por ende, todos.
Aquí aparece la primera paradoja: mientras se busca contener la inflación, se recurre a una herramienta fiscal que reduce ingresos en un contexto donde el gasto público sigue presionado. Es un juego de equilibrios delicados, donde el margen de maniobra no es infinito. Porque si bien hoy el subsidio amortigua el golpe, mañana podría traducirse en recortes, mayor deuda o presión sobre otras variables.
La propia presidenta reconoce el problema de fondo: frutas y verduras —altamente sensibles al costo del transporte— están empujando el Índice Nacional de Precios al Consumidor, que en marzo se ubicó en 4.59%. Es decir, por encima del objetivo del Banco de México. Aquí el diésel deja de ser solo un combustible y se convierte en el hilo conductor de buena parte de la inflación. Cada peso adicional en su precio se multiplica en la cadena productiva.
Pero hay un elemento adicional que complica el panorama: el contexto internacional. Las tensiones en el estrecho de Ormuz han elevado el precio del crudo, con el WTI rondando los 102 dólares por barril. En este escenario, pretender aislar completamente a México de la dinámica global es, siendo generosos, optimista. El mercado energético es, por definición, interdependiente.
Y sin embargo, el gobierno insiste en la narrativa de contención. “Si no interviniéramos, la gasolina estaría por encima de 30 pesos”, afirma Sheinbaum. Probablemente tiene razón. Pero esa afirmación abre una pregunta incómoda: ¿hasta cuándo es sostenible esa intervención?
El otro frente es igual de complejo. Mientras el gobierno busca acuerdos con gasolineros y productores dentro del PACIC, los agricultores han salido a protestar. Denuncian insumos más caros y, sobre todo, inseguridad en carreteras. Es un recordatorio de que la inflación no es únicamente un fenómeno monetario o energético, sino también logístico y de seguridad pública. De poco sirve contener el precio del combustible si el costo de transportar mercancías sigue encareciéndose por factores estructurales.
Aquí emerge la segunda paradoja: se pide a los productores que no suban precios, mientras sus costos aumentan por variables que el Estado no ha logrado controlar plenamente. La ecuación es simple, aunque incómoda: alguien absorbe la pérdida. Y cuando eso ocurre de forma prolongada, el resultado suele ser menor inversión, menor producción o, en el peor de los casos, desabasto.
El enfoque del gobierno tiene, sin duda, un componente político claro. Contener los precios de los combustibles es, históricamente, una de las decisiones más sensibles para cualquier administración. Impacta directamente en la percepción ciudadana y en la estabilidad social. En ese sentido, la estrategia es comprensible. Pero también lo es el riesgo de convertir una medida temporal en una dependencia estructural.
Porque la inflación no se combate solo con acuerdos ni con subsidios. Se combate con productividad, seguridad, certidumbre y competencia. Elementos que, por ahora, siguen siendo asignaturas pendientes en distintos sectores.
En síntesis, la política de “anclar” precios funciona como un dique: contiene momentáneamente la presión, pero no elimina la fuerza del agua. Y cuando esa presión se acumula, suele encontrar salida por otros lados: finanzas públicas, inversión o crecimiento económico.
La pregunta no es si la estrategia funciona hoy. Probablemente sí, en el corto plazo. La pregunta relevante —y políticamente más incómoda— es si funcionará mañana, cuando el margen fiscal sea menor, el entorno internacional más volátil y los actores económicos menos dispuestos a seguir absorbiendo costos en nombre de la estabilidad.
Porque en economía, a diferencia del discurso, los precios rara vez obedecen. Y cuando lo hacen, casi siempre es porque alguien más está pagando la diferencia.
