Por: Felipe Correa
La falsa paternidad: una deuda legal y social pendiente en Durango
“De dos a seis años de prisión y multa de trescientas a quinientas veces la Unidad de Medida y Actualización”.
Así de contundente aparece la propuesta que hoy coloca sobre la mesa uno de los temas más incómodos, sensibles y poco discutidos en México: la falsa paternidad.
Hablar de falsa paternidad sigue siendo, para muchos, entrar en un terreno prohibido. Es un asunto que suele moverse entre el silencio, la vergüenza, el miedo al juicio social y, sobre todo, los vacíos legales. Sin embargo, en Durango —como en distintas partes del país— cada vez son más frecuentes los casos de hombres que descubren, años después, que no son los padres biológicos de hijos que reconocieron, criaron y sostuvieron emocional y económicamente.
La iniciativa presentada por el legislador Héctor Herrera Núñez plantea incorporar sanciones penales para quien incurra en conductas relacionadas con la alteración del estado civil mediante engaño de filiación. En la exposición de motivos se establece que “la reforma consolida una sanción de dos a seis años de prisión, multa de trecientas a quinientas veces la Unidad de Medida y Actualización y la reparación integral del daño, consistente en la devolución de las cantidades suministradas oportunamente por concepto de alimentos bajo el engaño de la filiación”. Además, se argumenta que el ajuste normativo busca proteger tanto la seguridad económica de las víctimas como el derecho fundamental de los menores a conocer su verdadera identidad biológica.
El debate, por supuesto, no es sencillo, cuando se habla de falsa paternidad no se discuten únicamente pruebas de ADN o responsabilidades económicas. También se habla de derechos humanos, identidad, estabilidad familiar y justicia emocional. Porque mientras algunos sectores consideran que regular este fenómeno podría abrir la puerta a una visión excesivamente punitiva o incluso a la “mercantilización” de los vínculos familiares, otros sostienen que el Estado no puede seguir ignorando una realidad que afecta profundamente la vida de miles de personas.
Y es ahí donde la discusión adquiere relevancia pública. En Durango, el tema ya transitó del ámbito privado al espacio legislativo y social. Aunque actualmente existen mecanismos civiles para impugnar la paternidad mediante procedimientos judiciales y pruebas genéticas, lo cierto es que el marco jurídico todavía resulta insuficiente frente a las consecuencias emocionales, patrimoniales y familiares que este tipo de casos genera.
En medio de ese escenario, la propuesta de Héctor Herrera Núñez tiene un mérito político innegable: abrir una conversación que durante años fue evitada por comodidad institucional o temor social. Y aunque para algunos sectores pueda resultar incómoda, exagerada o políticamente incorrecta, también es cierto que se trata de una iniciativa honesta, directa y ubicada justo en el límite de aquello que muchas personas piensan, viven o comentan en privado, pero que pocas veces se atreven a discutir abiertamente.
Porque sí: la falsa paternidad representa una necesidad jurídica y social que durante años permaneció desatendida.
Quizá el mayor desafío no sea únicamente legal, sino cultural. Durante décadas, la figura paterna fue reducida casi exclusivamente a la obligación económica, dejando en segundo plano el impacto emocional que puede representar descubrir una mentira de esta magnitud. La falsa paternidad no solo puede destruir matrimonios o relaciones de pareja; también puede fracturar la confianza, alterar identidades y provocar profundas afectaciones emocionales en todas las personas involucradas.
Y precisamente por eso el tema se dio en un debate serio, responsable y alejado de extremos ideológicos. Ni se trata de criminalizar indiscriminadamente relaciones familiares complejas, ni de minimizar el daño que puede existir cuando una persona es engañada respecto a la filiación de un hijo. El verdadero reto del Poder Legislativo será encontrar un equilibrio entre la protección de los derechos de la niñez, la estabilidad familiar y el acceso a la justicia para quienes hayan sido víctimas de engaño.
Lo que ya no parece posible es seguir actuando como si el problema no existiera.
