POR: LILY ORTIZ
Se salió de control: retos virales que ponen en jaque a las escuelas
Lo que está ocurriendo hoy en las escuelas no admite matices ni justificaciones: no es normal y no debe normalizarse; las amenazas falsas de tiroteos, los llamados retos virales y la difusión de mensajes que generan pánico colectivo dejaron de ser una “broma escolar” para convertirse en un problema real que impacta la seguridad, la tranquilidad y la vida cotidiana de la comunidad educativa.
Durango no es un caso aislado. Es parte de un fenómeno que ya se replica en las 32 entidades del país y que, según diversos reportes, tiene presencia activa al menos en 17 estados, entre ellos el nuestro. Es decir, no estamos frente a hechos esporádicos, sino ante una tendencia que se expande y que encuentra en las redes sociales un canal perfecto para multiplicarse.
La reacción de las autoridades ha sido inmediata con operativos permanentes en escuelas, revisiones, vigilancia reforzada, intervención de la policía cibernética y la instalación de un Comité para la Atención de Riesgos Digitales. Son medidas necesarias, incluso urgentes, pero que responden principalmente a la contención del problema, aunque el fondo sigue ahí, intacto y creciendo.
Porque más allá de los protocolos, lo verdaderamente preocupante es que hay jóvenes que consideran válido generar una amenaza falsa para evitar clases, llamar la atención o ganar reconocimiento entre sus pares; este simple hecho evidencia una desconexión alarmante entre la gravedad de la acción y la percepción de quien la ejecuta.
Aquí es donde la discusión debe ser directa; y es que es cierto, no basta con prevenir, también hay que establecer consecuencias claras.
El hecho de que se trate de menores de edad no elimina la necesidad de sanción, la redefine; hoy se requieren medidas que sean firmes pero formativas. El trabajo comunitario, por ejemplo, puede convertirse en una herramienta efectiva: no solo implica una consecuencia, sino que obliga al menor a confrontar el impacto de sus actos y a reconstruir su relación con la comunidad.
Sin embargo, el debate no puede quedarse únicamente en los estudiantes; también es momento de hablar de la responsabilidad de los padres de familia. Cuando un menor participa en este tipo de conductas, hay un entorno que falló en supervisión, en acompañamiento o en establecimiento de límites, y en ese sentido, en casos graves o de reincidencia, debe abrirse la discusión sobre la corresponsabilidad de los padres, incluso desde una perspectiva legal.
No se trata de criminalizar a las familias, sino de reconocer que la formación no es exclusiva de la escuela ni del Estado; debe de ser si o si compartida. Y cuando esa corresponsabilidad no se ejerce, las consecuencias también deben distribuirse.
Al mismo tiempo, sería un error reducir todo a castigos, este fenómeno también obliga a mirar hacia el trasfondo: problemas de salud mental, necesidad de atención, presión social y una cultura digital que premia la viralidad sin medir consecuencias. Si eso no se atiende, cualquier medida será insuficiente.
Pero hay algo que no puede perderse de vista: esto ya dejó de ser un juego.
Son acciones que generan miedo real, movilizan corporaciones de seguridad, alteran clases y afectan a cientos de familias. Y como tal, deben tratarse con la seriedad que ameritan.
