POR: LILY ORTIZ
Más allá del “elle” y el “todes”: el reto es convivir en la diferencia
El debate sobre el lenguaje inclusivo en las escuelas ha escalado al terreno legislativo y político. El diputado local del PVEM, Osvaldo Santillán, propone reformar la Ley de Educación para eliminar el uso de lenguaje inclusivo en las aulas, bajo el argumento de garantizar un español “claro y entendible” que facilite el aprendizaje y evite confusiones en niñas, niños y jóvenes. La iniciativa, más allá de su contenido técnico, ha reactivado una discusión de fondo: no solo cómo se enseña el idioma, sino cómo se convive en una sociedad con posturas distintas.
Desde el ámbito institucional, el secretario de Educación, Guillermo Adame, marcó una línea que refleja la complejidad del tema; a título personal, expresó no estar de acuerdo con el uso del lenguaje inclusivo, argumentando que el español es una estructura gramatical consolidada a lo largo de la historia. Sin embargo, dejó claro que su postura no es institucional, abriendo espacio a un enfoque más amplio que no se limite a opiniones individuales.
En el plano educativo, el argumento de la claridad no es menor; México enfrenta retos importantes en comprensión lectora, y en las primeras etapas de formación, la prioridad es que el alumnado entienda lo que lee. Bajo esa lógica, introducir variaciones no normativas del idioma podría representar un desafío adicional para docentes y estudiantes; y en ese punto, la propuesta legislativa encuentra sustento: la educación debe ser accesible y funcional.
Pero el debate no se agota ahí; el lenguaje inclusivo, para quienes lo utilizan, no es solo una modificación lingüística, sino una herramienta de reconocimiento social. Ignorar su existencia en el entorno educativo también puede interpretarse como una forma de invisibilización. Y es aquí donde la discusión se vuelve más compleja: no se trata únicamente de cuestiones gramaticales, sino de realidades sociales que ya están presentes en las aulas.
Sin embargo, el mayor riesgo no está en el uso o no del lenguaje inclusivo, sino en la polarización que ha generado; de ha instalado una narrativa en la que discrepar implica discriminar, o coincidir implica imponer. Esa visión reduce un debate legítimo a extremos irreconciliables; no toda diferencia de opinión es un acto de exclusión; en muchos casos, es simplemente una forma distinta de entender el mundo.
Legislar en este contexto exige cautela e imponer o prohibir de manera absoluta puede desviar el objetivo central del sistema educativo: formar ciudadanos capaces de convivir en la diferencia. La escuela debe ser un espacio donde se enseñe a pensar, pero también a respetar; donde se priorice la comprensión del lenguaje, sin que ello signifique negar la diversidad social.
El verdadero desafío está en el equilibrio, en enseñar un español claro y estructurado, sí, pero también formar en tolerancia. Explicar el contexto del lenguaje inclusivo sin imponerlo, y permitir su uso sin convertirlo en obligación. Porque al final, el punto no es si se dice “elle” o “todes”, sino si somos capaces de construir una sociedad donde el desacuerdo no derive en descalificación.
