POR: LILY ORTIZ
Chihuahua y Sinaloa: contraste institucional ante dos crisis de seguridad
Los casos recientes en Chihuahua y Sinaloa colocan sobre la mesa dos situaciones distintas en origen, pero comparables en sus implicaciones: crimen organizado, participación o señalamientos internacionales y la respuesta del Estado mexicano en sus distintos niveles.
En Chihuahua, la gobernadora Maru Campos informó el desmantelamiento de un narcolaboratorio en la Sierra Tarahumara como parte de la estrategia estatal de seguridad. El hecho, en sí mismo, corresponde a un delito de competencia federal, lo que derivó en la intervención de la Fiscalía General de la República, que abrió una investigación por la producción de drogas sintéticas.
El caso tomó una dimensión adicional tras confirmarse la presencia de dos ciudadanos estadounidenses presuntamente vinculados a agencias de seguridad como la CIA que fallecieron en un accidente carretero posterior a un operativo. Esto motivó una segunda investigación federal para esclarecer las condiciones de su participación en territorio nacional.
A nivel político-administrativo, el caso derivó en la renuncia del entonces fiscal estatal y en un intercambio de información entre autoridades estatales y federales; desde el Ejecutivo federal, la presidenta Claudia Sheinbaum abordó el tema en varias ocasiones, enfatizando la necesidad de claridad en los hechos, el respeto a la legalidad y la coordinación institucional.
En Sinaloa, el contexto es distinto; el gobernador Rubén Rocha Moya fue señalado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos en una acusación formal por presuntos vínculos con el narcotráfico, junto con otros funcionarios. La autoridad estadounidense incluso solicitó su extradición ante un tribunal federal en Nueva York.
Frente a estos señalamientos, el gobierno mexicano ha fijado una postura basada en el principio de jurisdicción nacional.; la presidenta Sheinbaum ha señalado que cualquier acción dependerá de que la Fiscalía General de la República cuente con pruebas suficientes conforme al marco legal mexicano. El propio gobernador ha rechazado las acusaciones y ha decidido mantenerse en funciones.
En el ámbito legislativo, hasta ahora no se han generado procesos formales de comparecencia en el Senado respecto al caso Sinaloa, a diferencia de otros episodios donde sí se han activado mecanismos de control político. En paralelo, actores de oposición han señalado diferencias en la intensidad de las reacciones institucionales entre ambos casos.
En términos de comunicación pública, también se observa un contraste: el caso Chihuahua tuvo una presencia constante en la agenda federal durante varios días, mientras que el caso Sinaloa ha sido abordado de forma más puntual y con mensajes acotados.
Ambos episodios siguen en desarrollo y dependen de investigaciones en curso. Más allá de sus diferencias, plantean retos comunes para el Estado mexicano: la coordinación entre niveles de gobierno, la relación con autoridades extranjeras y la aplicación uniforme de la ley frente a contextos de alta complejidad.
La evolución de ambos casos permitirá evaluar no solo sus resultados judiciales, sino también la consistencia de las respuestas institucionales ante escenarios que, aunque distintos, comparten un mismo eje: la seguridad y el Estado de Derecho.
