POR: LILY ORTIZ
¿Justicia selectiva?
La exigencia de Morena para impulsar un juicio político contra la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos volvió a encender una discusión que en México parece repetirse cada sexenio: ¿la justicia realmente se aplica parejo o depende del color político?
Morena argumenta que existen elementos suficientes para proceder políticamente contra la mandataria de Chihuahua por presuntas irregularidades y decisiones tomadas desde el poder estatal. Desde su narrativa, aseguran que nadie debe estar por encima de la ley y que debe existir rendición de cuentas sin importar el cargo.
El problema no es el discurso. El problema es la congruencia.
Porque mientras desde Morena se exige con firmeza actuar contra la gobernadora panista, la oposición —principalmente el Partido Acción Nacional ha respondido señalando lo que consideran una evidente contradicción política: el caso del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.
Rocha Moya ha sido objeto de cuestionamientos públicos, críticas y señalamientos políticos derivados de la violencia que vive Sinaloa y de versiones que lo vinculan políticamente con grupos criminales. Aunque hasta ahora no existen resoluciones judiciales que acrediten delitos en su contra, el tema ha golpeado la percepción pública y alimentado el discurso opositor.
Y ahí es donde aparece el verdadero fondo del debate.
La discusión ya no es únicamente jurídica, es política.
Porque mientras Morena pide investigar y castigar a una gobernadora de oposición, sus adversarios cuestionan por qué no existe la misma presión interna contra perfiles emanados del propio partido que también enfrentan señalamientos públicos graves.
Eso alimenta la percepción de una justicia selectiva: dura con los adversarios, flexible con los aliados.
En política, la credibilidad no se construye solamente acusando, pero también se sostiene siendo consistente.
Si Morena defiende que cualquier figura pública debe responder ante la ley, entonces el criterio tendría que aplicarse de manera uniforme, incluso cuando las acusaciones incomodan al propio movimiento. Y del otro lado, la oposición tampoco puede convertir cualquier señalamiento en sentencia mediática sólo por rentabilidad política.
México enfrenta un problema delicado: la justicia cada vez se parece más a un campo de batalla electoral.
Las denuncias, investigaciones y juicios políticos deberían servir para esclarecer responsabilidades, no para fortalecer narrativas partidistas rumbo a futuras elecciones.
