¿Investigación real o cálculo político?
Juvenal Rosales Flores
Acontecer Político
El país volvió a incendiarse este fin de semana luego de que la Fiscalía General de la República sacara dos citatorios que inmediatamente provocaron ruido nacional. No fueron llamados menores ni personajes secundarios; se trata de la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, y del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.
A Maru Campos la relacionan con el extraño episodio ocurrido en la Sierra Tarahumara, donde presuntamente se accidentaron agentes estadounidenses vinculados a la CIA. Mientras tanto, Rocha Moya aparece nuevamente en el radar por los señalamientos surgidos desde Estados Unidos sobre supuestos vínculos con grupos delictivos.
Aunque la Secretaría de Gobernación insiste en que ambos únicamente fueron citados en calidad de testigos y que no existe una persecución política, el problema es que en México ya nadie cree que un movimiento de ese tamaño ocurra por casualidad.
La primera en reaccionar fue la gobernadora de Chihuahua, quien rápidamente denunció una posible utilización política del caso, ya que su estado renovará la gubernatura el próximo año y cualquier golpe mediático puede alterar el tablero electoral.
En Durango, el gobernador del estado, Esteban Villegas Villarreal, pidió que el tema no se convierta en un asunto político rumbo a la elección en la vecina entidad, dejando entrever una preocupación real sobre el uso electoral del escándalo, ya que Maru Campos no fue citada como imputada y además cuenta con fuero constitucional.
Además, el coordinador del Grupo Parlamentario del PAN, Alejandro Mojica Narvaez, inmediatamente salió a cerrar filas con la gobernadora y aclarar que Maru Campos está siendo señalada precisamente por combatir la inseguridad y desmantelar uno de los laboratorios clandestinos más grandes en la historia reciente del estado.
Para Acción Nacional, Maru Campos está pagando el costo político de enfrentar al crimen organizado mientras la federación no actúa con la misma rapidez en otros temas, como el huachicol o las acusaciones que rodean a Morena en distintas entidades.
Desde Morena, la narrativa es completamente distinta. La senadora Margarita Valdez defendió que el citatorio no debe interpretarse como una persecución, sino como una muestra de que las investigaciones alcanzan a todos por igual, además de que sirve para desmontar la acusación recurrente de que la Cuarta Transformación protege a personajes relacionados con grupos delictivos.
En la misma línea se pronunció la diputada Cynthia Mont, quien sostuvo que tanto Rocha Moya como Maru Campos deben responder ante la autoridad bajo las mismas reglas, sin importar colores partidistas. Sin embargo, también cuestionó la estrategia mediática de la gobernadora de Chihuahua, al considerar que buscó proyectarse como víctima.
La realidad es que ambos bloques políticos están aprovechando el momento para fortalecer sus narrativas. El PAN busca posicionar a Maru Campos como una gobernadora perseguida por enfrentar al crimen, mientras Morena intenta demostrar que las investigaciones también alcanzan a personajes cercanos al oficialismo y que no existe protección política.
A esto se suma otro factor que vuelve todavía más delicado el escenario, la creciente presión de Estados Unidos sobre los temas de seguridad en México. Cada vez que aparecen señalamientos provenientes del vecino país del norte, las investigaciones dejan de ser únicamente asuntos internos y se convierten en temas de impacto binacional.
Por eso, más allá de lo jurídico o electoral, estos citatorios también representan una prueba política para el gobierno federal, que deberá demostrar si realmente existe disposición para investigar sin distinciones o si todo terminará diluyéndose entre declaraciones, conferencias y cálculos rumbo a las próximas elecciones.
También existe el riesgo de que la discusión pública termine desviándose hacia el espectáculo político y no hacia el fondo del problema. En México, muchas investigaciones de alto impacto suelen comenzar con gran estruendo mediático, pero pocas veces concluyen con resultados claros que verdaderamente fortalezcan la confianza ciudadana en las instituciones.
Pero más allá de los discursos, queda una pregunta que seguirá rondando durante semanas. ¿Estamos frente a investigaciones profundas y auténticas o ante movimientos cuidadosamente calculados en medio de un escenario electoral cada vez más tenso?
