Las nuevas reglas del juego político en Durango.
Por: Alejandro Flores de la Parra.
La política mexicana tiene una peculiaridad: las reformas electorales nunca llegan solas. Siempre vienen acompañadas de discursos sobre modernización democrática, austeridad, equidad y fortalecimiento institucional. Durango no fue la excepción.
Tras una extensa jornada legislativa que concluyó a las cinco de la mañana del pasado 27 de mayo, el Congreso del Estado aprobó por unanimidad diversas modificaciones a la Ley Orgánica del Municipio Libre y a la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales, con el objetivo de armonizar el marco jurídico local con las reformas constitucionales federales conocidas como “Plan B”.
Más allá del cumplimiento técnico de un mandato federal con fecha límite al 30 de mayo de 2026, lo aprobado refleja una reconfiguración importante de las reglas políticas en la entidad. Y como ocurre siempre que cambian las reglas del juego, vale la pena preguntarse quién gana, quién pierde y qué impacto real tendrán estas medidas en la vida democrática de Durango.
Uno de los cambios más relevantes es la prohibición de la reelección consecutiva para diputaciones locales y ayuntamientos a partir del proceso electoral 2029-2030. La medida marca un giro político interesante. Hace apenas algunos años, la reelección inmediata se presentó como una herramienta para profesionalizar el servicio público y fortalecer la rendición de cuentas, bajo el argumento de que los ciudadanos podrían premiar o castigar directamente el desempeño de sus representantes.
Ahora, el modelo cambia nuevamente.
Sus defensores sostienen que eliminar la reelección evitará la consolidación de grupos políticos enquistados en el poder. Sus críticos advierten que podría ocurrir exactamente lo contrario: fortalecer estructuras partidistas que reciclen perfiles cercanos sin permitir una verdadera evaluación ciudadana sobre resultados de gobierno.
Porque en política, prohibir la continuidad no necesariamente elimina los cacicazgos; muchas veces simplemente cambia el nombre del candidato.
Otro ajuste importante es la reducción de regidurías en el municipio de Durango, que pasará de 17 a 15 integrantes. Aunque la narrativa oficial apunta hacia la austeridad y eficiencia administrativa, también existe una lectura política evidente: menos espacios significan menos representación y mayores dificultades para fuerzas minoritarias o emergentes.
En contraste, Gómez Palacio y Lerdo conservarán el mismo número de regidores, lo que deja claro que las decisiones no obedecen únicamente a criterios poblacionales, sino también a cálculos políticos y administrativos específicos para cada municipio.
La disminución de la edad mínima para contender por alcaldías y regidurías, pasando de 21 a 18 años, representa quizá uno de los aspectos más progresivos de la reforma. Abrir espacios a perfiles jóvenes puede aportar nuevas visiones a una política local que históricamente ha estado dominada por estructuras tradicionales y liderazgos consolidados.
Sin embargo, el verdadero reto no será permitir que los jóvenes participen, sino garantizar que tengan condiciones reales de competencia y no terminen funcionando únicamente como figuras decorativas dentro de estrategias partidistas ya definidas.
En materia de elegibilidad, la reforma incorpora restricciones relevantes para aspirantes con antecedentes de corrupción, violencia política de género o incumplimiento de obligaciones alimentarias. También establece límites para evitar la sucesión inmediata de familiares o parejas dentro de un mismo ayuntamiento.
Estas disposiciones responden a una creciente demanda social de mayor ética pública y representan un intento por cerrar espacios a prácticas que durante años fueron toleradas dentro de la política mexicana. No obstante, su efectividad dependerá menos de la redacción legal y más de la capacidad institucional para aplicarlas sin criterios selectivos.
Otro punto de fondo es la incorporación de la alternancia de género en la candidatura a la gubernatura y la actualización del lenguaje incluyente dentro de la legislación electoral. Más allá del simbolismo político, estas medidas consolidan una tendencia nacional orientada hacia la paridad sustantiva y la redistribución de espacios de poder entre hombres y mujeres.
Finalmente, la homologación del tope salarial para consejeros electorales y magistrados con el salario de la persona titular del Ejecutivo estatal mantiene viva la lógica de austeridad impulsada desde el ámbito federal. Aunque políticamente resulta rentable hablar de reducción de privilegios, también existe el riesgo de debilitar la capacidad técnica y la autonomía de organismos que requieren perfiles altamente especializados.
En términos generales, Durango entra a una nueva etapa electoral con reglas distintas, tiempos más cortos de campaña, restricciones más severas y un modelo político que busca adaptarse al nuevo diseño constitucional del país.
La pregunta de fondo será si estas reformas lograrán fortalecer realmente la representación ciudadana y la confianza institucional o si, como ha ocurrido en otros momentos de la historia política mexicana, únicamente modificarán la forma sin transformar el fondo.
Porque en democracia, cambiar las reglas puede ser importante. Lo verdaderamente difícil sigue siendo cambiar las prácticas.
