POR: LILY ORTIZ
La deuda pendiente con las mujeres en la política
Durante años se habló de la violencia política contra las mujeres como un problema aislado o como simples diferencias al interior de los ayuntamientos; hoy la realidad demuestra lo contrario: existe, persiste y, en muchos casos, sigue siendo utilizada como un mecanismo para limitar, obstaculizar o impedir que las mujeres ejerzan plenamente el cargo para el que fueron electas.
Los casos de Nuevo Ideal, Mapimí y San Pedro del Gallo, son una muestra de ello, en estos expedientes, el Tribunal Electoral del Estado de Durango ya hizo la parte que le corresponde: analizó las pruebas, determinó la existencia de violencia política en razón de género, restituyó derechos a las víctimas y ordenó las medidas correspondientes. Jurídicamente, el debate sobre si existió o no la conducta ya quedó resuelto.
Ahora la responsabilidad recae en otro poder del Estado.
Será el Congreso del Estado, a través de la Comisión de Responsabilidades, quien deba individualizar las sanciones para los tres expresidentes municipales; no se trata de reabrir el caso ni de volver a valorar las pruebas; esa etapa ya fue agotada por la autoridad jurisdiccional. Lo que corresponde ahora es dar cumplimiento a una resolución firme y establecer las consecuencias legales para quienes vulneraron los derechos políticos de las mujeres.
Y esa diferencia no es menor.
Porque una sentencia que no se ejecuta oportunamente corre el riesgo de convertirse únicamente en un documento; es decir la justicia no concluye cuando un tribunal emite una resolución; concluye cuando ésta se cumple en todos sus términos.
Resulta alentador que el propio Tribunal Electoral haya manifestado su intención de dar seguimiento a las sentencias que aún permanecen en vías de cumplimiento e, incluso, requerir al Congreso sobre las acciones emprendidas. Ese seguimiento institucional fortalece el Estado de Derecho y envía un mensaje claro: las resoluciones judiciales no pueden quedar sujetas a la voluntad política ni perderse entre los tiempos legislativos.
También debe reconocerse que el problema sigue vigente, la magistrada presidenta del Tribunal Electoral, Blanca Maldonado, confirmó que recientemente ingresó un nuevo expediente por presunta violencia política en razón de género, promovido por una candidata que denunció obstáculos para ejercer sus derechos durante el proceso electoral. Es decir, mientras unos casos avanzan hacia la etapa de sanción, otros siguen llegando a las instituciones.
Eso confirma que el reto continúa.
Las estadísticas nacionales han colocado desde hace años al ámbito municipal como uno de los principales espacios donde se presentan este tipo de agresiones. Sindicas, regidoras, presidentas municipales y candidatas enfrentan con frecuencia obstáculos para ejercer sus funciones, exclusión de decisiones, limitación de recursos, violencia institucional e incluso actos de intimidación que buscan relegarlas del espacio público.
Por ello resulta igualmente relevante el trabajo preventivo que realiza el Observatorio de Participación Política de las Mujeres. Capacitar, informar y acercar mecanismos de denuncia a los municipios puede marcar la diferencia entre una violencia que permanece invisible y una que llega a los tribunales para ser sancionada.
Pero la prevención, por sí sola, no basta.
Las sanciones también cumplen una función pedagógica; no buscan únicamente castigar una conducta del pasado; buscan impedir que vuelva a repetirse. Si quienes ejercen un cargo público saben que obstaculizar el desempeño de una mujer en razón de género puede traducirse en inhabilitaciones, restricciones para ocupar futuros cargos públicos o consecuencias legales reales, el mensaje institucional será mucho más contundente.
Hoy esos tres expedientes representan una oportunidad para demostrar que la violencia política de género no quedará impune, aun cuando los responsables hayan concluido su periodo de gobierno. Haber dejado el cargo no extingue la responsabilidad por los actos cometidos durante su ejercicio.
El Congreso tiene ahora una decisión importante en sus manos, que es la de resolver con objetividad, sin filias ni fobias partidistas, y dar cumplimiento a las resoluciones del Tribunal no sólo fortalecerá a las instituciones; también enviará una señal de certeza a miles de mujeres que participan en la vida pública.
