Magistrados por 9 años. ¿Estabilidad o blindaje político?
Juvenal Rosales Flores
En Durango, el reloj judicial acaba de ajustarse. Hasta ahora, los magistrados del Tribunal Superior del Poder Judicial del Estado duraban seis años con posibilidad de ratificación. Y esa ratificación tenía un efecto muy claro; quien la conseguía, quedaba prácticamente inamovible.
Con las reformas recién aprobadas, ese esquema se sustituye por un periodo de nueve años con posibilidad de reelección. Un cambio que, más allá de lo técnico, puede significar un control más prolongado… pero no necesariamente vitalicio.
De esta manera, la reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial que surgió de los jueces y magistrados del Estado, fue califica por el diputado de Morena, Otniel García Navarro y presidente de la Comisión de Justicia, como un paquete de fortalecimiento institucional y modernización de procedimientos.
En su narrativa, el legislador calificó el ajuste como inevitable tras la Reforma al Poder Judicial a nivel nacional y que el resultado es fruto del consenso entre todas las fuerzas políticas. En tiempos de polarización, lograr esos acuerdos y consensos positivo.
Uno de los puntos que más mueven la estructura es la desaparición del Consejo de la Judicatura, reemplazado por un Órgano de Administración con las llaves de la gestión, el presupuesto y la carrera judicial. Centralizar estas facultades puede ser positivo para agilizar decisiones, pero también concentra poder en pocas manos. Y ya sabemos que, en política y justicia, la concentración siempre es un arma de doble filo.
Si bien esta reforma busca garantizar que la justicia sea más pronta, completa e imparcial, respondiendo a demandas ciudadanas históricas. El problema es que esa petición no se resuelve solo con más años en el cargo ni con organigramas renovados; se resuelven con jueces que dicten sentencias justas sin mirar quién es el amigo o el adversario político.
En el PAN, el diputado Fernando Rocha Amaro no se quedó callado. Aunque respaldó la reforma, dejó claro que la creación del Tribunal de Disciplina Judicial será útil solo si actúa con verdadera independencia; lo que quiso decir es que no serviría de nada tener un órgano para sancionar jueces si esos jueces siguen protegidos por padrinos políticos o arreglos internos.
Los panistas también dejaron su huella en la letra fina; quienes aspiren a cargos judiciales no podrán ser deudores alimentarios morosos, propuesta que anteriormente también impulsó el Grupo Parlamentario del PRI en todos los cargos públicos. Un guiño de moralidad y orden interno que, al menos en lo simbólico, puede agradar a la opinión pública.
Desde el PRI, Sughey Torres Rodríguez aplaudió la reforma, presentándola como un modelo de vanguardia a nivel nacional. Resaltó la transparencia, el control del financiamiento y los procesos de selección basados en méritos. Sin embargo, el reto será que esos criterios no se diluyan con interpretaciones convenientes o trajes a la medida para ciertos perfiles.
El rediseño mantiene al Tribunal operando en Pleno y en Salas, con 15 magistrados y alternancia de género en la presidencia. Sobre el papel, parece un equilibrio sano; pero en la práctica, dependerá de que esa alternancia no se convierta en una simple rotación entre caras conocidas.
La pregunta incómoda es qué piensa la ciudadanía. Porque la gente no mide la justicia en periodos de nueve años, ni en estructuras administrativas, sino en resoluciones concretas; en si su juicio avanza, si no hay favoritismos, si el expediente no “se pierde” misteriosamente. La reforma ya está; ahora falta que se note en los juzgados, donde se dicta la única sentencia que importa, la que la sociedad emite sobre sus instituciones.
