El frijol, entre el “coyotaje” y la política
Por: Juvenal Rosales Flores
El acuerdo alcanzado por el Gobierno del Estado con Alimentación para el Bienestar marca un punto importante para el campo duranguense, ya que pasar de 27 mil a 40 mil toneladas de compra directa de frijol, a un precio de 27 mil pesos por tonelada, no es un dato menor en una entidad donde la producción estimada ronda las 140 mil toneladas y donde, históricamente, el productor ha sido el último en ganar.
En un mercado castigado por intermediarios y precios deprimidos, esta ampliación prácticamente duplica el volumen originalmente previsto y garantiza una derrama económica superior a mil 80 millones de pesos que llegará directamente a manos de pequeños productores. En términos reales, significa sacar al campesino del mercado de 8 o 9 pesos por kilo y colocarlo en un esquema de precio justo.
Sin embargo, el anuncio no llegó solo. En la rueda de prensa donde participaron Manuel Solís, vicepresidente del Sistema Producto Frijol y regidor morenista en Sombrerete, Zacatecas, y Rubén Ibarra, representante del Sistema Producto Frijol en Durango y la región de los Llanos, quedó claro que el problema del frijol no es solo económico, sino profundamente político.
Los productores fueron contundentes, al afirmar que hoy venden su frijol “a como se los compren” y denunciaron que la Ley Anti Coyotaje no se aplica, y exigieron que tanto el gobierno federal como el estatal inyecten más recursos para evitar que el precio se quede en 13 o 15 pesos por kilo, cuando el punto de equilibrio real debería estar, al menos, en 17 o 20 pesos para que exista ganancia.
Ahí es donde el acuerdo estatal cobra relevancia. Para las hectáreas que no entren en el programa federal, el Gobierno de Durango gestionó compras con empresas privadas a precios de 13 y 15 pesos por kilo, con un incentivo adicional, dos cribadoras gratuitas que permitirán vender frijol limpio a mejor precio y reducir costos operativos.
El mensaje del gobernador Esteban Villegas Villarreal fue claro y, sobre todo, político, no caer en el discurso de ciertos liderazgos que hoy levantan la voz, pero que estuvieron ausentes cuando se entregó semilla, cuando faltaron apoyos o cuando se decidió ir directamente con el productor, sin intermediarios.
El fondo del asunto es incómodo para algunos ya que los programas ya no pasan por listas, ni por gestores, ni por organizaciones que históricamente cobraban “cuotas” por acercar apoyos. Hoy, tanto el gobierno estatal como el federal están operando sin intermediarios, y eso ha generado molestia en quienes perdieron control, recursos y protagonismo.
De ahí la advertencia, hay voces que no defienden al productor, sino su propio negocio político y líderes que ahora denuncian precios injustos, pero que guardaron silencio cuando el mercado pagaba a 8 pesos el kilo y nadie hacía nada; pero el problema no es el reclamo, es la intención.
El gobernador fue más allá al poner números sobre la mesa. Si Durango se quedara solo con las 40 mil toneladas de Alimentación para el Bienestar, el resto de la cosecha terminaría malbaratada. Por eso, el complemento estatal a 13 o 15 pesos no es ideal, pero sí mejor que el abandono del mercado abierto.
En este punto, la política aparece sin disimulo. Se sabe quiénes son los liderazgos inconformes, a qué intereses responden y con qué personajes se mueven. En Durango, como dijo el propio gobernador, “nos conocemos todos”, y eso reduce el margen para el discurso oportunista.
El frijol, más que un grano, se ha convertido en un termómetro político; ahí se cruzan el mercado, los programas sociales, los liderazgos tradicionales y una nueva forma de operar el poder. Si la política se mantiene fuera del precio y dentro de la solución, Durango puede empezar a saldar una deuda histórica con su campo. Si no, volverán los de siempre… a comprar barato lo que otros sembraron caro.
