Trabajo comunitario para reconstruir el tejido social; la apuesta de Toño.
Por: Juvenal Rosales Flores
El trabajo comunitario como sanción administrativa en el municipio de Durango ha comenzado a consolidarse como una herramienta visible de política pública, pero también como un experimento social que merece un análisis más profundo.
La medida tiene lógica y bajo esa premisa, limpiar calles, pintar espacios públicos o rehabilitar áreas verdes se vuelve no solo un castigo, sino una forma de restitución social, lo cual ha capitalizado el gobierno que encabeza el alcalde José Antonio Ochoa Rodríguez.
El municipio ha enfocado esta medida principalmente en faltas administrativas recurrentes como ingerir alcohol en la vía pública, alterar el orden, participar en riñas o incurrir en maltrato animal; es decir, conductas que no constituyen delitos graves, pero que sí afectan la convivencia social.
Este esquema reduce la presión en el Juzgado Administrativo y evita que jóvenes infractores entren en procesos más complejos. Sin embargo, aquí es donde debe existir un seguimiento real si se quiere hablar de una política efectiva.
Además, esta estrategia no opera de manera aislada. La Dirección Municipal de Seguridad Pública es la encargada de detener y canalizar a los infractores, mientras que el Juzgado Administrativo define la sanción correspondiente, estableciendo las horas y el tipo de trabajo comunitario que deberán cumplir.
A ello se suma la Dirección de Servicios Públicos Municipales, donde finalmente se ejecutan estas acciones; limpieza de calles, rehabilitación de espacios y mantenimiento urbano. Es decir, no solo se sanciona, sino que se integra al infractor en la dinámica de mejora de la ciudad.
Sin embargo, detrás de esta estrategia también hay un componente práctico que no puede ignorarse, la incapacidad de muchos ciudadanos para pagar multas. En ese sentido, el trabajo comunitario no solo es una alternativa, sino una necesidad para evitar que las sanciones se vuelvan letra muerta.
Ahí es donde entra el discurso de “cero tolerancia”, que busca enviar un mensaje claro: sí habrá consecuencias. Pero al mismo tiempo, se evita saturar barandillas o centros de detención con infractores que podrían reintegrarse rápidamente a su entorno.
De esta manera, el trabajo comunitario busca corregir conductas, aunque hay que entender que será un proceso lento. Aun así, es una de las principales apuestas del gobierno municipal para reconstruir el tejido social, y muchos ciudadanos lo perciben como un esfuerzo positivo.
Para muchos, ver a infractores limpiando calles genera una sensación de justicia inmediata. Es una sanción visible, tangible, que conecta directamente con el enojo social frente al desorden urbano.
En el caso de los jóvenes, la medida cobra aún más relevancia, involucrarlos en labores comunitarias puede generar conciencia; sin embargo, también queda la duda de si esto es suficiente o si se requiere una aplicación más firme para modificar conductas de fondo.
No obstante, hay un aspecto positivo que no debe perderse de vista, el trabajo comunitario puede convertirse en una herramienta formativa.
El verdadero reto es que el trabajo comunitario sea una sanción integral, aplicada con criterios claros y parejos, donde todos los infractores con o sin dinero enfrenten consecuencias que realmente aporten a la reconstrucción del orden y del tejido social.
