El impacto de los recortes federales en Durango
Juvenal Rosales Flores
Acontecer Políticos
Durango enfrenta nuevamente el desafío de hacer más con menos debido a que las finanzas nacionales atraviesan uno de sus momentos más complejos de los últimos años. La desaceleración económica, la menor recaudación y las crecientes obligaciones financieras del gobierno federal han obligado a realizar ajustes presupuestales que ya comienzan a sentirse con fuerza en los estados, como el nuestro.
Sin embargo, mientras desde el Gobierno de México se habla de disciplina financiera, en las entidades se vive una realidad distinta, menos recursos significan menos capacidad para atender las necesidades de la población.
Durango es uno de los estados que hoy resiente con mayor claridad esa política de ajustes. Las participaciones federales, recursos que por ley corresponden a las entidades federativas para fortalecer sus finanzas, han llegado incompletas, generando un impacto directo en la planeación de obras, programas sociales, infraestructura y prestación de servicios públicos.
La pregunta es inevitable: ¿por qué se están reduciendo las participaciones federales? La explicación oficial apunta a una menor recaudación nacional y a un escenario económico menos favorable de lo previsto. Al ingresar menos recursos a la federación, también disminuye la bolsa de dinero que se distribuye entre los estados conforme a la Ley de Coordinación Fiscal.
A ello se suma otra realidad presupuestal. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público ha decidido concentrar una parte importante del gasto en proyectos prioritarios de la 4T y en el creciente costo financiero de la deuda pública. Esa combinación deja un margen cada vez menor para el llamado gasto federalizado, del cual dependen los gobiernos estatales para atender buena parte de sus responsabilidades.
El problema es que, mientras las prioridades nacionales reciben recursos garantizados, los estados enfrentan la obligación de seguir prestando los mismos servicios con menos dinero. En el caso de Durango, el impacto ya tiene cifras concretas. Durante lo que va del año, el estado dejará de recibir alrededor de 640 millones de pesos.
El gobernador Esteban Villegas Villarreal confirmó recientemente un nuevo ajuste de 400 millones de pesos correspondiente al mes de julio, cantidad que se suma a los recortes de 120 millones aplicados en marzo y otros 120 millones en mayo. En total, tres reducciones consecutivas que complican la estabilidad financiera del estado.
Aunque el mandatario estatal reconoció que la disminución de recursos representa una preocupación para las finanzas públicas, también aseguró que su administración mantendrá las medidas necesarias para preservar el equilibrio presupuestal y evitar afectaciones en los rubros considerados prioritarios para la población.
No es una tarea sencilla. Gobernar con menos recursos implica establecer prioridades, reprogramar inversiones, contener el gasto y, en muchos casos, posponer proyectos que ya estaban contemplados para mejorar la infraestructura o los servicios públicos en los municipios.
Frente a este escenario, el Gobierno del Estado ha optado por fortalecer la recaudación local. Entre las medidas implementadas destacan los descuentos para contribuyentes con adeudos en el replaqueo, la instalación de módulos de recaudación en distintos municipios y un convenio con el Servicio de Administración Tributaria para recuperar adeudos fiscales, mediante el cual Durango puede recibir un porcentaje de lo efectivamente cobrado.
Estas acciones buscan compensar parcialmente la disminución de recursos federales. Sin embargo, ningún esfuerzo de recaudación estatal puede sustituir completamente cientos de millones de pesos que dejaron de llegar desde la Federación. La capacidad tributaria de los estados sigue siendo limitada frente al volumen de recursos que representan las participaciones federales.
El caso de Durango también abre nuevamente el debate sobre el federalismo fiscal en México. Mientras los estados asumen cada vez más responsabilidades en materia de seguridad, infraestructura, salud y desarrollo social, continúan dependiendo en gran medida de decisiones presupuestales tomadas desde el centro del país, sin margen suficiente para generar ingresos propios que compensen esas reducciones.
Más allá de los argumentos técnicos de la Secretaría de Hacienda, lo cierto es que los ciudadanos no distinguen si una obra se detuvo por falta de participaciones o por decisiones administrativas. Lo que observan es la ausencia de obras o programas que mejoren su calidad de vida. Por eso, cualquier recorte termina traduciéndose en una afectación directa para la población.
No perdamos de vista que el desarrollo de los estados no puede sostenerse únicamente con austeridad; requiere de un verdadero federalismo hacendario donde los recursos lleguen completos y oportunamente para responder a las necesidades de quienes viven lejos del centro del país.
