Plataformas, tarifas y la disputa por las reglas del transporte.
Por: Juvenal Rosales Flores
En Durango, el transporte público y privado atraviesan por una semana particularmente movida. Dos temas han puesto sobre la mesa la necesidad de establecer reglas claras, hacerlas cumplir y, sobre todo, encontrar un equilibrio entre los derechos de los usuarios, quienes prestan el servicio y quienes durante años han operado bajo un esquema de concesiones; la regulación de las plataformas digitales y la aplicación de las tarifas preferenciales.
A partir del próximo lunes comenzará formalmente el proceso de registro obligatorio y pago de derechos para los conductores y vehículos que prestan el servicio de transporte privado mediante plataformas como, bolt, Uber y DiDi; medida que representa un paso importante para ordenar una modalidad que ha crecido de manera significativa entre los duranguenses y que, hasta hace algunos años, prácticamente no formaba parte del mapa tradicional del transporte en la entidad.
El Gobierno del Estado, a través de la Subsecretaría de Movilidad y Transportes, busca con este esquema tener mayor control sobre quienes ofrecen el servicio, establecer un registro oficial, realizar inspecciones permanentes y fortalecer las condiciones de seguridad tanto para los usuarios como para los propios conductores.
Y el tamaño del fenómeno no es menor. Se estima que alrededor de 2 mil 500 conductores participan actualmente en las plataformas digitales en la entidad; es decir, ya no se trata de una actividad marginal o complementaria, es un sector que tiene presencia, genera ingresos y representa una alternativa de movilidad para miles de personas.
El esquema contempla una inscripción inicial de 40 UMAS, equivalente aproximadamente a 4 mil 692 pesos, además de un refrendo anual de 32 UMAS, alrededor de 3 mil 754 pesos; donde los taxistas tradicionales quedan fuera de este registro específico, debido a que ya cuentan con una concesión pública estatal.
Aquí aparece precisamente uno de los argumentos centrales de la autoridad, equilibrar las condiciones de competencia entre quienes prestan el servicio bajo una concesión y quienes lo hacen mediante plataformas tecnológicas.
Pero del otro lado también existe una inconformidad que no puede ignorarse. Los conductores de aplicaciones consideran que ya realizan pagos a las propias plataformas por utilizar el servicio y cuestionan que ahora tengan que asumir nuevos costos y obligaciones ante el Estado. El debate, por tanto, no es solamente económico; también tiene que ver con la percepción de que se está regulando una actividad que nació precisamente al margen de los esquemas tradicionales.
Sin embargo, en diciembre de 2025, el Congreso del Estado aprobó reformas a la Ley de Transportes para regular el servicio especializado en la modalidad de ejecutivo privado operado a través de plataformas tecnológicas. El dictamen estableció que las personas que operen vehículos destinados a esta actividad deberán inscribirse ante la autoridad estatal y formar parte de un registro oficial.
Lo interesante políticamente es que, hasta ahora, las principales organizaciones del transporte tradicional parecen coincidir en la necesidad de que exista regulación. La CROC ha respaldado las acciones del Estado, mientras que la CTM, a través de Juan Pedro Mercado, ha considerado urgente avanzar en este proceso. Incluso la Alianza, mediante Raúl Medina Samaniego, se ha pronunciado a favor de ordenar este servicio. Es decir, en este punto hay coincidencia entre organizaciones que normalmente compiten por espacios y representación dentro del sector.
El reto para el Gobierno estatal será evitar que la regulación sea interpretada únicamente como una medida recaudatoria. Si se van a cobrar derechos, los usuarios y conductores tendrán que percibir que existe una contraprestación real en materia de seguridad, supervisión, identificación, capacitación y certeza jurídica.
Y mientras este debate avanza, el otro frente abierto es el de las tarifas preferenciales. La CTM sostiene que el sindicato respeta los 365 días del año la tarifa preferencial para estudiantes y adultos mayores; lo que solicita, de acuerdo con Juan Pedro Mercado, es tener la certeza de que quienes solicitan ese beneficio realmente pertenecen a los sectores que la ley protege.
La propuesta de la cetemista incluso va un paso más allá, impulsar mecanismos de identificación biométrica en los camiones para estudiantes y grupos vulnerables, idea que busca terminar con una de las principales dificultades del sistema actual: saber quién tiene derecho a la tarifa preferencial y evitar abusos que terminan generando pérdidas para los transportistas.
En la misma línea, Raúl Medina Samaniego, dirigente de la Alianza, ha sostenido que el sindicato respeta la ley y que el problema está en la falta de credenciales que corresponde otorgar a la autoridad. Sus declaraciones cobraron especial relevancia después de que se generara la interpretación de que los domingos las credenciales estudiantiles no serían válidas, lo que provocó inconformidad entre los usuarios.
La reacción estudiantil tampoco se hizo esperar. Federaciones estudiantiles, encabezadas por Alex Arrieta, presidente de la FETED, advirtieron incluso sobre la posibilidad de tomar unidades si no se respeta la tarifa preferencial. Cuando un asunto de transporte llega al punto de generar amenazas de movilización, queda claro que el problema ya no es administrativo; es político y social.
Al final, los dos debates tienen una coincidencia de fondo. Durango necesita reglas para las nuevas formas de movilidad, pero también necesita que las reglas existentes se cumplan. Regular Bolt, Uber y DiDi no puede convertirse únicamente en una carga para los conductores, de la misma manera que garantizar tarifas preferenciales no puede depender de interpretaciones o de la buena voluntad de los operadores.
