El algoritmo que elige donde estudiar; federación debe corregir el rumbo.
Por: Juvenal Rosales Flores
El nuevo proceso de asignación de espacios para ingresar a las preparatorias denominado “Mi Derecho, mi lugar” está dejando una lección que el gobierno federal debería escuchar con atención; en Durango, el malestar de padres de familia es evidente y no porque sus hijos se hayan quedado sin un espacio para estudiar, sino el lugar dónde fueron asignados.
Hay jóvenes que no quedaron en la preparatoria que tenían como primera opción, pero además fueron enviados a planteles alejados de sus domicilios, cuando para muchas familias la cercanía de la escuela representa un factor fundamental.
Esto o es un asunto menor, elegir una preparatoria significa pensar en transporte, tiempos de traslado, gastos diarios, seguridad, horarios y, por supuesto, la especialidad o formación académica que ofrece cada institución.
Por eso resulta difícil entender que un algoritmo pueda decidir, prácticamente por sí solo, algo que tiene tantas implicaciones en la vida cotidiana de un estudiante, por lo que el modelo “Mi derecho, mi lugar” no significa necesariamente garantizar una solución.
Porque si un estudiante recibe una asignación a una escuela que queda muy lejos de su casa, que no corresponde a sus intereses académicos o que representa un problema económico para su familia, entonces el sistema resolvió una parte del problema, pero creó otro; y aquí es donde la federación debe asumir su responsabilidad.
No se puede diseñar desde la Ciudad de México una fórmula general y pretender que funcione de la misma manera en todas las entidades. Cada estado tiene características distintas, diferentes sistemas educativos, infraestructura, rutas de transporte y dinámicas familiares.
Durango tiene además una particularidad importante, no enfrenta un problema generalizado de falta de espacios en educación media superior. Hay lugar para los jóvenes que quieren estudiar.
¿Entonces, por qué el nuevo mecanismo no logró equilibrar adecuadamente la demanda con las condiciones reales de cada estudiante? Y mientras la federación revisa su fórmula, el problema ya está aquí. Por eso el Gobierno del Estado tiene que entrar como gestor.
La Secretaría de Educación del Estado no diseñó el mecanismo nacional, pero sí es la autoridad que hoy está frente a los padres de familia, frente a los estudiantes y frente a los directores de los planteles; por lo que le corresponde escuchar, gestionar, buscar movimientos, revisar listas de espera y encontrar alternativas dentro de las posibilidades existentes.
Es decir, el Estado tiene que resolver lo que pueda resolver, aunque el origen del problema esté en una política federal; acompañar a las familias y gestionar soluciones ante la federación. La inconformidad es legítima y deben hacerla valer por las vías institucionales. Pero esa molestia no debe terminar afectando a los jóvenes.
Si existe un espacio disponible, lo más importante es que el estudiante continúe con su preparación mientras se busca una alternativa que responda mejor a sus necesidades; porque el peor escenario sería que un joven, por la frustración de no haber quedado en la preparatoria que quería, terminara abandonando sus estudios.
Una política pública diseñada para ampliar el acceso a la educación no puede terminar desmotivando a quienes precisamente pretende beneficiar, por ello el gobierno federal tiene que escuchar lo que está ocurriendo en Durango y revisar el mecanismo. No basta con decir que todos tienen un lugar. También hay que preguntarse si ese lugar es accesible, viable y adecuado para el estudiante.
Porque gobernar también significa reconocer cuando una decisión no está funcionando como se esperaba. Durango no está pidiendo que se elimine el derecho de todos a estudiar. Está pidiendo algo mucho más sencillo, que las decisiones educativas tengan sentido para las familias. Que se considere la distancia, se tome en cuenta la realidad económica, se valore la oferta educativa, se escuche a los padres y, sobre todo, que el estudiante no sea visto solamente como un registro dentro de un algoritmo.
Por ello, el Gobierno del Estado tendrá que hacer su parte como gestor y facilitador, pero la federación también debe revisar un mecanismo que hoy está generando inconformidad y ajustar la fórmula antes de que el problema sea mayor, porque el objetivo no debe ser simplemente llenar una butaca.
El objetivo debe ser lograr que ese joven llegue a ella, pueda permanecer en la escuela y tenga las condiciones para terminar su educación media superior. Ahí es donde una política educativa deja de ser una cifra y comienza a convertirse realmente en una oportunidad.
