Dinero, política y democracia.
Acontecer Político
Juvenal Rosales Flores
El anuncio del ante proyecto de financiamiento de 415 millones de pesos para el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) en 2025 ha generado un amplio debate sobre el uso de los recursos públicos en la política, especialmente en un contexto de múltiples necesidades sociales y económicas que afectan a la población de Durango.
Ante esta situación, surge una pregunta inevitable: ¿es realmente necesario destinar tanto dinero para promover las propuestas de los candidatos y fortalecer la democracia, o es un gasto que podría canalizarse hacia áreas más urgentes como salud, educación o infraestructura? La desconfianza de gran parte de la ciudadanía hacia los partidos y sus candidatos es palpable, y las redes sociales se han convertido en un espacio donde estos sentimientos se hacen cada vez más evidentes.
Del total presupuestado, 136 millones 768 mil 947 pesos se repartirán entre los 11 partidos políticos del estado. De esta cantidad, 30 millones 348 mil 185 pesos se destinarán exclusivamente a las campañas electorales. Estas cifras, para muchos, contrastan con las dificultades económicas que enfrenta la población día a día, como el encarecimiento de la canasta básica y la precariedad de algunos servicios públicos.
Para algunos sectores, esta inversión en los partidos políticos es vista como un mal necesario para garantizar un proceso democrático justo y competitivo. Sin embargo, persiste el sentimiento de que el financiamiento electoral parece beneficiar más a las cúpulas partidistas que a los ciudadanos. Muchos se preguntan si los partidos están realmente comprometidos con mejorar las condiciones de vida de la población, o si el dinero público solo alimenta una maquinaria electoral que no ofrece soluciones concretas a sus problemas.
En las colonias populares de Durango, la percepción es clara: la política se percibe como un juego entre élites, alejado de las preocupaciones reales de la gente. Esta percepción se agrava al conocer las millonarias sumas que se destinan a las campañas políticas, lo que alimenta el escepticismo hacia el sistema electoral y sus actores.
Los partidos políticos, por su parte, defienden este presupuesto argumentando que es esencial para garantizar la equidad en la contienda electoral. Señalan que estos recursos permiten que partidos emergentes, con menos acceso a financiamiento privado, puedan competir en igualdad de condiciones con las fuerzas políticas más consolidadas.
Sin embargo, este argumento no logra convencer a todos. Para muchos ciudadanos, estos recursos rara vez se traducen en beneficios tangibles o mejoras sustanciales en sus comunidades. El rol del IEPC es fundamental en este escenario. Si bien su principal tarea es organizar elecciones limpias y transparentes, también tiene la responsabilidad de promover una mayor rendición de cuentas por parte de los partidos en el uso de los recursos asignados.
Si los partidos y las instituciones electorales desean fortalecer la confianza en la ciudadanía duranguense, es indispensable que las campañas no se limiten a la promoción de candidatos, sino que presenten propuestas claras, viables y enfocadas en resolver las verdaderas necesidades de la población.
Además, es necesario que los partidos demuestren un compromiso real con la transparencia y el uso adecuado de los recursos públicos. De lo contrario, el desencanto hacia la política seguirá profundizándose.
