Por Ricardo López Pescador
Cuando un gobierno anula o limita la libertad de expresión se aleja de los principios que distinguen al sistema democrático para asomarse en el escenario del absolutismo, ese modelo en el que no se permite pensar diferente al gobierno, donde se anula el debate político y no hay espacios para contrastar ideas.
Es entendible que, como cualquier otro derecho humano, el ejercicio de la libertad de expresión tenga limites, con algunos impedimentos precisos establecidos en la normatividad a fin de evitar abusos y proteger los derechos de otras personas, con el fin de garantizar la convivencia colectiva.
Hace dos semanas la Presidencia de la República con su propuesta de lineamientos para los derechos de las audiencias abrió un debate innecesario e inoportuno con la finalidad de dar el primer paso para llegar a realizar cambios a la constitución en sus artículos 6, 7 y 28 en los que se garantiza la libertad de expresión en México.
El articulo sexto de la constitución asegura el libre acceso a la información, incluyendo el derecho de replica y asegurando los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones para que llegue a la sociedad la información y las opiniones. En el articulo 7 se protege la inviolabilidad de dicha libertad, prohibiendo la censura previa y cualquier restricción al abuso de controles oficiales, también evita el monopolio de frecuencias radioeléctricas o insumos tecnológicos. Mientras que el articulo 28 regula la libre competencia.
Es necesario recordar que el 5 de febrero del 2023, bajo la presidencia de AMLO, fue enviada una propuesta para modificar la constitución con la pretensión de “simplificación orgánica”, incluyendo la extinción del Instituto Federal de Telecomunicaciones. El 23 de abril de 2025 la presidenta Claudia Sheinbaum envió al senado la iniciativa para expedir la nueva ley en materia de telecomunicaciones y radiodifusión. Ahora, la propuesta para regular el derecho de replica y los derechos de las audiencias pretende que la supervisión de la veracidad del contenido que publican los medios de comunicación -prensa, radio. Televisión y plataformas digitales- quede bajo el control de la comisión reguladora de telecomunicaciones y con ello convertir al gobierno en juez y parte.
Es un camino trazado por el gobierno de morena para limitar la libertad de expresión mediante la imposición de multas -incluyendo la clausura o el retiro de la concesión-, y la coerción hacia los medios, allegándose facultades para penalizar a aquellos medios “incomodos” con el pretexto de una supuesta defensa de la “audiencia ofendida” argumentando la propagación supuestas mentiras y mala intención de los medios.
En el sistema democrático, con respecto a la libertad de expresión, el gobierno esta obligado a proteger y garantizar las condiciones necesarias para su pleno ejercicio y no puede coartar dicha libertad de manera indebida, ni tampoco vulnerarla. Solo los gobiernos autoritarios suprimen y limitan la libertad de expresión con el fin de callar a quienes piensan diferente. El control sobre los medios de comunicación y la cancelación del debate público es propio de gobiernos autócratas que tienen como prioridad mantener el poder el mayor tiempo posible con o sin consenso social.
Los pasos que ha dado el gobierno federal en los últimos siete años van hacia un modelo normativo en el que el gobierno puede determinar qué es verdad y qué es mentira en el contenido que publican los medios, evidenciando intolerancia a la diversidad de ideas, puntos de vista. Es un retroceso que una comisión gubernamental tenga la facultad de atentar contra la libertad de expresión con el pretexto de la veracidad o falsedad de las noticias y opiniones.
Si llegan a concretarse las reformas que pretende el morenismo radical, los mexicanos estaremos en riesgo de recibir castigos por reenviar materiales que pudieran afectar a terceros y por opinar sobre asuntos de controversia política. Como sociedad democrática y libre no podemos renunciar a la pluralidad, al debate de ideas, a la libre expresión de opiniones, al derecho a disentir, a pronunciarnos sobre la realidad.
En lugar de proteger y defender a la sociedad el régimen actual quiere controlar y restringir. ¿seguirán pensando que las y los mexicanos somos ignorantes para no darnos cuenta de sus ambiciones?
