El menos común de los sentidos por Eduardo Rodriguez
Morena en contra de la libre competencia y la transparencia.
Los organismos autónomos que están en proceso de desaparecer, diluirse en la administración o transformarse en organismos descentralizados comparten conceptualmente un origen: el déficit de credibilidad de la esfera pública.
Las reformas constitucionales en curso pretenden la eliminación del Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (INAI), la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE), el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), el Consejo Nacional de Evaluación de la Politica de Desarrollo Social (CONEVAL), la Comisión Reguladora de Energia (CRE), la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), y la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (Mejoredu).
Los anteriores fueron creados en distintos momentos de la vida de México y con intenciones diferentes también, pero compartían algo… se crearon para ocuparse de tareas que correspondían originalmente al gobierno, porque si lo hacía el gobierno, prevalecía una desconfianza de la opinión pública.
¿Cómo era posible, antes de la creación de dichos organismos, que el gobierno fuera juez y parte? Suena bastante ilógico.
Uno de los triunfos culturales que dejó el neoliberalismo en México es que acrecentó la desconfianza en los políticos y en la gestión pública. Esa falta de credibilidad claro que estaba merecida; no en todos los casos, pero si en la gran mayoría.
Grandes acciones, como la nacionalización bancaria y su posterior privatización, el adelgazamiento brutal del Estado, la desaparición de los trenes de pasajeros, las recurrentes crisis económicas, el sinnúmero de escándalos políticos y el cruce de discursos que señalaban que la corrupción era similar al gobierno, entre muchas otras cosas, crearon un ambiente propicio para que la desconfianza creciera.
La creación de un organismo autónomo consiste en trasladar atribuciones originalmente competencia del Estado, gestionadas por una unidad administrativa de gobierno, y asignarlas a un organismo de nueva creación, con una dirección colegiada, compuesta de notables, designados desde el Senado en la mayoría de los casos y con una duración en el cargo transexenal y salarios notoramiente altos, algunos rebasando el ingreso nominal de la Presidenta de la República.
Y hay que decirlo, los organismos autónomos no fueron creados para democratizar el país. Su objetivo constitucional explicito no era quitarle poder a la Presidencia, sino dotar de racionalidad técnica y limpieza política a decisiones fundamentales del Estado.
Es una equivocación pensar que un organismo autónomo tiene una función de contrapeso al poder presidencial y un efecto democratizados, por muy bien que funcionase en importantes casos.
Pero tambien hay de organismos a organismos. No son iguales en dimensión, provistos, desempleo y alcance. Lo que hace hoy el Congreso, a nombre de una racionalidad económica y acusaciones de corrupción, es devolver funciones estratégicas al gobierno, al recuperarle capacidad de intervención estatal en materia de energía y de arbitraje de la competencia.
El segundo piso de la autodenominado “cuarta transformación” asume el riesgo de no ejercer técnicamente bien las funciones recuperadas y de caer en la falta de transparencia o en la toma de decisiones causales de controversia internacional, si lo hiciera mal.
Los organismos autónomos no resolvieron el problema de desconfianza de origen ni la falta de representatividad.
