Por: Alejandro Flores de la Parra.
México volvió a amanecer con carreteras tomadas. Tractores, tráileres, camionetas viejas y nuevas, todo lo que tenga llantas, se alineó sobre autopistas clave como el Arco Norte, la México-Toluca o Lechería-Texcoco. No fue un accidente ni un mal día para el tránsito: fue una protesta anunciada durante semanas por campesinos y transportistas que exigen algo tan elemental —y a la vez tan subversivo en la política mexicana— como seguridad y precios justos.
El Gobierno reaccionó con su mezcla habitual de cordialidad pública y advertencia velada. La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, aseguró que “no hay razón para mantener los bloqueos”, a menos que —¡sorpresa!— respondan a “motivaciones políticas”. Como si exigir que no te roben o no te secuestren fuese un capricho de temporada electoral. A esto sumó una advertencia legal: bloquear vías federales es un delito, y varios de los líderes —recordó convenientemente— tienen “carpetas abiertas” desde hace años. México es el país donde hasta los expedientes congelados sirven para disciplinar.
Por su parte, Julio Berdegué, secretario de Agricultura, buscó minimizar la protesta con números: “no más de 2,000 productores” participan, de los 5,000 registrados a nivel nacional. Para él, el movimiento se reduce a “dos organizaciones”. Una forma elegante de decir que el campo no protesta… solo una parte incómoda del campo. Y, claro, si la realidad se puede achicar estadísticamente, mejor.
Pero los transportistas respondieron con un hachazo de realidad: “no es político… si logran que nos dejen de matar por salir a trabajar, muchos votaríamos por ustedes”. Una frase que condensa un país: la democracia del miedo, donde hasta el voto se supedita a sobrevivir la jornada laboral.
La otra carretera: los datos del campo que nadie quiere ver.
Mientras el gobierno presume la defensa del maíz nativo como un acto épico, las cifras cuentan otra historia. México cerraría 2024 con 23.3 millones de toneladas de maíz, el nivel más bajo en más de diez años. En paralelo, el país tuvo que importar 18.2 millones de toneladas de grano en 2023. Es decir: el discurso de soberanía alimentaria convive con una dependencia internacional que crece cada año.
¿Y qué hace el Estado? En marzo de 2025, decidió atacar el problema desde la raíz… simbólica: una reforma constitucional que prohíbe el cultivo de maíz transgénico. Un triunfo para la narrativa del “patrimonio biocultural”, pero un triunfo que no resuelve la crisis productiva. Es como reforzar la vitrina mientras el museo se incendia.
Porque la prohibición puede ser muy nacionalista y muy poética, pero no aumenta los rendimientos, no corrige los precios injustos que pagan las grandes comercializadoras y no mitiga la sequía ni el incremento brutal de insumos como semillas, fertilizantes o diésel. Los pequeños agricultores llevan siete años denunciando pérdidas. Y cuando reclaman un precio de 7,200 pesos por tonelada, reciben una oferta de 6,050 y, tras presionar con bloqueos, un apoyo adicional de 950 pesos para 90 mil productores. El campo mexicano sigue dependiendo de paliativos, no de políticas de transformación.
Y peor aún: mientras el cultivo transgénico queda prohibido, México tuvo que retirar la restricción a la importación de maíz modificado por presiones del T-MEC. Resultado: los agricultores no pueden sembrarlo, pero el país sí puede importarlo. Soberanía selectiva.
La inseguridad: el verdadero motor del bloqueo.
Si la cuestión fuera solo agrícola, quizá el conflicto estaría limitado a estados productores. Pero los transportistas están hartos —y con razón. Las carreteras mexicanas se han convertido en una especie de ruleta rusa: asaltos, levantones, extorsiones y asesinatos que se graban, se viralizan y nunca encuentran escolta oficial. Las empresas de blindaje reportan un aumento del 20% en demanda de materiales para tractocamiones. Es decir: el país donde blindar un tráiler es más rentable que garantizar seguridad pública.
En noviembre, en el Estado de México, bloquearon accesos a la capital exigiendo la aparición con vida de uno de sus propios compañeros. La protesta no surgió de teorías conspirativas, sino del hartazgo acumulado de un gremio que acompaña al PIB nacional en cada kilómetro de carretera.
La respuesta institucional, no obstante, parece girar en círculos: que sí hay mesas de diálogo; que no llegaron; que estarán a las 11:00; que luego a las 13:00; que quizá más tarde; que quizá no. La política de las sillas vacías, versión 4T.
El choque político: soberanía simbólica vs. realidad económica.
Lo más interesante —y revelador— es el choque entre dos narrativas:
La reforma constitucional sirve para discursos, pero no para proteger a quien lleva el maíz del campo a la ciudad. El apoyo de 950 pesos por tonelada sirve para apagar incendios, no para reactivar un sector cada vez más precarizado. Y los operativos de seguridad anunciados sirven para boletines, no para impedir que un chofer sea secuestrado camino a Querétaro.
De fondo, la protesta expone algo incómodo: la desconexión entre la política simbólica y la política material. El gobierno apuesta por narrativas de soberanía y defensa del patrimonio; los campesinos y transportistas apuestan por algo más básico: no morir trabajando.
Lo que revela realmente este conflicto.
Las decisiones se toman pensando en la identidad nacional, pero no en el bolsillo del productor.
No importa cuánto pague el gobierno por tonelada si en la carretera pueden secuestrar al operador y robar la mercancía.
Se protege lo nativo, pero se importa lo modificado. Resultado: dependencia maquillada con solemnidad constitucional.
Habla de mesas abiertas mientras recuerda que bloquear es delito y que algunos líderes tienen carpetas abiertas. La zanahoria y el garrote nunca habían sido tan literales.
El país que se detiene para que lo escuchen.
Los bloqueos de hoy no son un capricho, ni un montaje, ni un ensayo preelectoral. Son el síntoma visible de una crisis silenciosa: la crisis de la escucha. El gobierno defiende el maíz nativo en la Constitución, pero no logra defender a quienes lo siembran ni a quienes lo transportan.
México puede prohibir transgénicos, pero aún no ha logrado prohibir la impunidad; puede ensalzar el patrimonio biocultural, pero no ha resuelto que un conductor llegue vivo a su destino; puede celebrar reformas, pero no puede ocultar que la producción de maíz está en su peor nivel en más de una década.
Mientras esa brecha persista, las carreteras seguirán siendo las urnas del campo mexicano: el único lugar donde, ante la ausencia del Estado, los productores y transportistas pueden gritar lo que nadie quiere oír.
