POR: LILY ORTIZ
“Durango en la antesala del litigio electoral”; ¡Esto no se acaba, hasta que se acaba!
Las urnas ya se cerraron, los votos se contaron y, como era de esperarse en cualquier democracia viva en nuestro país, los resultados de los comicios del pasado 1 de junio en Durango no marcaron el final, sino apenas el inicio de una nueva etapa, que es la contienda jurídica.
Partidos como Morena, el PRI y el PAN no han dejado pasar la oportunidad para impugnar lo que a su consideración son resultados cuestionables en diversos ayuntamientos del estado. Según información oficial, hasta el momento se han presentado al menos 33 impugnaciones, en una primera instancia ante el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC), como fallas en el suministro eléctrico que dificultaron la entrega puntual de algunos paquetes electorales; impugnaciones que fueron turnadas al órgano competente para su resolución.
En este contexto, el Tribunal Electoral del Estado de Durango, ya ha comenzado el análisis de los expedientes de una manera minuciosa, estudiando y analizando cada uno de los argumentos que ha presentado cada partido político; y aunque por ley tiene hasta el 13 de agosto para emitir resoluciones, la experiencia indica que en años anteriores los fallos se han dado incluso antes de esa fecha, la mayoría hacia finales de julio; lo que seguramente será en esta ocasión; así para que quienes imputan tengan oportunidad de acudir a otras instancias si el resolutivo no les favorece como es la Sala Regional Guadalajara o como último recurso el Tribunal Federal Electoral. Aun así, cada caso tiene sus propios matices que podrían alargar los tiempos de resolución.
El PRI ha sido particularmente activo, con impugnaciones en 13 municipios, entre ellos Gómez Palacio, Pueblo Nuevo, Mezquital y Peñón Blanco. El PAN, por su parte, ha presentado recursos de nulidad en Santiago Papasquiaro y también en Peñón Blanco, mientras que Morena ha objetado los resultados en Lerdo, Cuencamé, Pánuco de Coronado, Ocampo, Nazas, Mapimí y Nombre de Dios; cada uno con su argumentativa y justificación.
Los municipios en disputa no son menores; Gómez Palacio y Lerdo, por ejemplo, son bastiones clave en la Comarca Lagunera, zonas donde la pugna entre partidos es histórica y cualquier ventaja representa un posicionamiento estratégico hacia 2027., por tanto, no es casualidad que las impugnaciones se concentren en estas demarcaciones: lo que está en juego va más allá de regidurías o alcaldías; se trata de control territorial, de presencia política y, por supuesto, de narrativa.
El litigio electoral no solo es legal, es también simbólico; los partidos saben que impugnar no siempre cambia el resultado, pero sí mantiene viva su presencia ante el electorado, genera presión institucional y, en algunos casos, abre la puerta para negociaciones en el ámbito estatal o nacional. E incluso hasta justificaciones ante sus altos políticos de argumentar que se dio la pelea en tribunales hasta el final.
Mientras tanto, el gobernador del estado ya ha salido al paso de las críticas y hay que decirlo con temple y decidió; sobre todo las dirigidas desde Morena; donde ha señalado el mandatario que que las instituciones deben respetarse y que las impugnaciones deben canalizarse por la vía legal.
Un llamado prudente, aunque insuficiente para calmar los ánimos enrarecidos tras una jornada electoral que, a pesar de desarrollarse en relativa calma, ahora vive su fase más delicada que es la de la judicialización.
Durango, como muchas otras entidades del país, se enfrenta al reto de consolidar su democracia no solo en las urnas, sino también en los tribunales. Habrá que observar con atención el actuar del Tribunal Electoral y, sobre todo, cómo los partidos procesan los resultados más allá del litigio. Porque impugnar no es lo mismo que construir oposición ni mucho menos gobernar.
